MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS

Entrevista:

2011-06-15T06:08:00.000-07:00

"Gira de Humala disipa visión distorsionada"

Fuente: La Republica, 14 de junio de 2011.

Entrevista/Manuel Rodríguez Cuadros. Ex canciller considera que visita de Ollanta Humala a países de la región ha sido una iniciativa diplomática muy positiva. Niega que le hayan propuesto cargo.

Inés Flores.

Ollanta Humala está en gira por los países de la región. ¿Era necesaria esta visita ahora?

Ha sido una iniciativa diplomática muy positiva. Ha permitido disipar todas esas visiones distorsionadas (de la campaña) y afirmar un liderazgo que simboliza el cambio social con estabilidad. Sienta las bases para una diplomacia dinámica en la región, y marca las prioridades de revalorizar las relaciones con Sudamérica, revitalizar la Comunidad Andina y darle mayor dinámica a Unasur.

¿La elección de Humala marca un cambio en el campo geopolítico de la región? Perú era visto más cercano a EEUU.

En los últimos años en el Perú se ha dado una imagen falsa de dividir en bloques a América Latina. Se ha ideologizado erróneamente las relaciones internacionales intralatinoamericanas entre un bloque liderado por Hugo Chávez, y otro bloque liderado por países conservadores. En esos bloques no entrarían ni Lula ni Bachelet.

Lula da Silva se ha mostrado optimista con la elección de Humala. ¿No lo cree así?

Históricamente las relaciones peruano-brasileñas han presentado mayor armonía y estabilidad que las relaciones con todos los demás vecinos...

Brasil tiene interés en lo hidroeléctrico, caso Inambari...

Tengo la convicción de que en el diálogo político bilateral se podrá recomponer este acuerdo. Se buscarán acuerdos de energía, que signifiquen una decisión del Perú de respetar no solamente las demandas del pueblo de Puno sino adecuar la integración energética entre Perú y Brasil a proyectos que no generen los problemas que está generando Inambari.

El triunfo de Humala también entusiasmó a los presidentes Morales, Correa, Chávez, Ortega. ¿Lo sienten cercano ideológicamente?

Creo que se sienten contentos de que haya ganado las elecciones el presidente Humala porque representa una izquierda democrática en la región...pero cada país tiene sus especificidades. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Honduras forman parte del ALBA, pero el presidente Humala ha señalado que el Perú no va a formar parte del ALBA y esto me parece que es una definición de política exterior esencial.

En cambio en Santiago hubo preocupación...

En Santiago siempre hay preocupación por los presidentes que se eligen, y lo mismo ocurre con Perú respecto a las elecciones en Chile. Esto es porque son relaciones históricamente sensibles.

“Tomará la decisión que convenga al Perú”

El presidente electo ha dicho que evaluará al equipo de La Haya, ¿qué implica un cambio de fichas en este litigio?

Él ha señalado que se reunirá con el equipo que defiende los intereses del Perú en La Haya, y luego tomará una decisión que corresponda. Creo que la política internacional es la ciencia de lo racional y de lo razonable, y la decisión que tome el presidente Humala estará entre lo razonable y racional. Estoy seguro de que tomará la decisión que más convenga a los intereses nacionales del Perú.

¿Ud. ha sido voceado para ocupar Relaciones Exteriores?
No he recibido ninguna propuesta.

Ud. logró distender la tensión que existía entre Perú y Bolivia. ¿Qué hizo?
Desideologizar las relaciones bilaterales.

Conociendo al diplomático.

2010-12-20T20:47:00.000-08:00

¿QUÍEN ES MANUEL RODRIGUEZ CUADROS?

Manuel ha dedicado su vida al ejercicio de la diplomacia, el estudio del derecho internacional y las relaciones internacionales, y la docencia universitaria. Como diplomático de carrera, desde hace más de 30 años, ha representado a nuestro país en Naciones Unidas, la OEA, entre otros organismos internacionales.

Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores del Perú del 2003- 2005. Durante su gestión, se puso como primera prioridad la solución al problema de delimitación Marítima con Chile.

En el año 2006, como embajador peuano ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, es elegido como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En el año 2009 es nombrado como embajador de Perú en Bolivia con el objetivo de relanzar las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia, labor que concluye con éxito el 10 de diciembre de 2010.

Asimismo, Manuel es autor de varios libros sobre derechos humanos, y en los últimos años, ha sido quien más ha escrito sobre la controversia marítima con Chile. Sus últimos libros: "Delimitación Marítima con Equidad: el caso Perú y Chile" y "La Soberanía Marítima del Perú: la controversia entre Perú y Chile" han sido reconocidos en nuestro país y el exterior, y son textos de lectura obligatoria para cualquier peruano que desea conocer sobre la materia.

A continuación, unos breves datos sobre Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez Cuadros
Diplomático, jurista e internacionalista.

Manuel nació en el Cusco. Hijo de Elva Cuadros y del educador José Gabriel Rodríguez Figueroa. Realizó sus estudios escolares en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma de Lima y su estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y cuenta con un máster (D.E.A.) en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Paris V René Descartes, así como un doctorado en Derecho Internacional con mención en Derecho Internacional del Desarrollo de la misma universidad en Francia.

Además, cuenta con diplomas en Relaciones Económicas Internacionales por el Instituto Nacional de Administración Política de París, Francia y en “American politics” por la New York University.

Manuel es Embajador en el Servicio Diplomático del Perú. Ha sido Embajador de Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia (2009-2010) y Ministro de Relaciones Exteriores del Perú (2003 -2005), Representante Permanente del Perú ante la OEA y ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, negociador adjunto de las Naciones Unidas en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra (2005).

Además, Manuel ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, así como en otras universidades del Perú y el extranjero.

Actualmente, es director del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Interancionales(ILADIR).

Para ver el CV de Manuel hacer click en:

http://manuelrodriguezcuadroscvitae.blogspot.com/

Columna:

2010-04-19T20:33:00.000-07:00

Avances en desarme nuclear

(Fuente: La Primera, 19 de abril de 2010).- En una reciente entrevista “Caretas” pregunta a Santiago Roncagliolo ¿qué titular te gustaría leer mañana temprano en los diarios? El consagrado joven narrador responde: “La ONU acuerda destruir todos los arsenales nucleares del planeta”. “Mientras no leamos ese titular, no tendremos seguridad de que haya un mañana temprano”. Es cierto. La cuestión nuclear atañe a la seguridad de los estados y las sociedades nacionales, pero también a la supervivencia de los individuos.

Después del 6 y el 9 de agosto de 1945, días en los que se lanzaron las bombas atómicas Little Boy y Fat Man sobre Hiroshima y Nagasaki, el mundo cambió para siempre. La capacidad de destrucción total de la humanidad removió radicalmente todas las doctrinas y sistemas de seguridad precedentes. En 1949 la Unión Soviética detonó el arma nuclear y logró la paridad estratégica. El mundo pasó a regirse bajo un sistema internacional bipolar-nuclear en el que Estados Unidos y la URSS poseían la capacidad de destruirse mutuamente.

Se estableció la doctrina del equilibrio del terror en lugar del clásico equilibrio del poder. La paz pasó a asegurarse por la mutua y recíproca capacidad de destrucción nuclear masiva de un bloque sobre el otro. El equilibrio del terror funcionó. Aseguró la estabilidad del sistema internacional entre 1945 y 1989.

Para evitar la proliferación nuclear en 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación que reconoce a los países nucleares el derecho de poseer estas armas y prohíbe al resto del mundo acceder a ellas. Un tratado desequilibrado, pero útil. En 1974 el tratado fue perforado al estallar la India su primera bomba atómica. La siguieron Pakistán en 1989 y según todas las evidencias, posteriormente, Corea del Norte e Israel.

Con el fin de la Guerra Fría y la implosión de la Unión Soviética, el sistema del equilibrio del terror desapareció. Quedó solo una superpotencia y los arsenales y científicos nucleares de la URSS se dispersaron. La doctrina Busch intentó imponer una hegemonía nuclear absoluta y fracasó. Se pasó a una mayor inseguridad nuclear, especialmente por la posibilidad cierta de que movimientos no estatales, en este caso Al-Qaeda pudieran acceder al terrorismo nuclear. El peligro nuclear, hoy, es mayor que en el equilibrio del terror

El enriquecimiento de uranio por parte de Irán plantea nuevas interrogantes, pues se piensa que podría terminar en un nuevo país nuclear, lo que es inaceptable no sólo para EE.UU. sino para casi toda la comunidad internacional. Al mismo tiempo, Irán tiene derecho al enriquecimiento con fines pacíficos. Toda esta ecuación está vinculada, por otro lado, a la evolución en el Oriente Medio.

De allí la importancia del cambio histórico en la doctrina nuclear de Estados Unidos que ha dispuesto Barack Obama (los EEUU no usarán armas nucleares contra estados que no las posean); el tratado suscrito con Dmitry Medvedev para reducir, junto a Rusia, en un tercio sus ojivas nucleares y en más de la mitad sus misiles, submarinos y bombarderos de transporte, así como el acuerdo obtenido en la Cumbre Nuclear de Washington para poner bajo control el material nuclear en un plazo de cuatro años.

Estos positivos movimientos en el escenario nuclear pueden abonar a favor de la solución de la crisis con Irán y la acción norteamericana sobre Israel para desbloquear las negociaciones de paz en el Oriente Medio.

Columna:

2010-04-19T20:27:00.000-07:00

Un programa para el Perú

(Fuente: La Primera, 12 de abril de 2010).- La política peruana hace años que está encerrada en una falsa dicotomía. Buen manejo macroeconómico versus reforma social y del Estado, como si ambas opciones fuesen excluyentes. Esta dicotomía es falsa. Está muy alejada de lo que la gente vive, de sus problemas y aspiraciones.

El Perú de hoy se caracteriza por cuatro realidades que lo fragmentan y le dan una fragilidad socio-política que puede comprometer su destino:

1) El crecimiento acumulado de hace más de diez años ha aumentado el consumo, abierto nuevas oportunidades de trabajo, disminuido en algo la pobreza y recuperado aunque de manera aún insuficiente las clases medias, pero las desigualdades se acrecientan.

2) Al mismo tiempo el Estado que fue desmantelado no se ha reformado ni fortalecido para cumplir con eficiencia su papel de institución representativa de todos los sectores de la sociedad y de árbitro entre intereses diversos. Ese Estado, arrinconado, alicaído y fragmentado se ha puesto al servicio de quienes más tienen, cuando debería estar al servicio de todos, pero de manera prioritaria de los extremadamente pobres, los pobres y las clases medias.

3) La desigualdad y la exclusión están en el origen de los conflictos sociales, en el contexto de una estructura estatal y política que no tiene canales de inclusión de las propias clases medias, los pobres y vulnerables, pero especialmente de los pueblos indígenas, quechuas, aymaras y amazónicos. La descentralización empodera derechos e identidades regionales, pero los gobiernos regionales son parte del Estado débil y desestructurado, sin facultades para gestionar eficientemente sus recursos y los bienes públicos.

4) El ataque ideológico al Estado -como si pudiera existir sociedad nacional peruana sin estado peruano- ha debilitado la conciencia nacional y frivolizado la identidad nacional, fomentando una cultura individualista y egoísta que soslaya los valores de la solidaridad y el bien común. Se relajan los sentimientos de identidad colectiva familiar, social y nacional, favoreciendo la corrupción, el crimen y la pérdida de respeto a la institucionalidad del Estado.

El destino del Perú, para ser una sociedad y un Estado nacionales y democráticos con crecimiento sostenido, bienestar y con respeto a los derechos de todos, integrado y respetuoso de las identidades de la diversidad cultural y étnica, requiere como programa mucho más que una posición frente a las variables macroeconómicas, respecto de las cuales creo, además, que existe un amplísimo consenso.

Ninguna fuerza política gravitante, como en casi toda América latina, cuestiona una política macroeconómica de disciplina y estabilidad. Por el contrario hay ya una cultura económica que sabe que las decisiones de gobierno, de cualquier gobierno, deben propender a mantener una tasa de crecimiento del PBI por encima del 4.5 %, controlar absolutamente los índices de inflación, cuidar que el déficit fiscal no salga de márgenes mínimos, incrementar las reservas y disminuir las tasas de Desempleo. Pero ello no es incompatible -más bien requisito - con el cambio y la cohesión social, con la revalorización de las capacidades del Estado; con el aumento de sus ingresos, a través del pacto fiscal, para invertir en defensa nacional, seguridad pública, salud, Educación y fortalecimiento de los núcleos familiares como factores esenciales de la cohesión social y nacional; para que quechuas, aymaras, amazónicos y peruanos en el exterior tengan circunscripciones especiales para estar representados en el sistema político. Y así emprender el desafío de la inclusión.

Columna:

2010-04-19T20:20:00.000-07:00

El CERN, la filosofía, la física y la creación del universo

(Fuente: La Primera, 6 de abril de 2010).- Desde las antiguas grandes civilizaciones el hombre se ha preguntado sobre su origen y el del cosmos. La filosofía y las religiones a lo largo de la historia humana han buscado explicaciones sobre la naturaleza y el destino del hombre y el universo. El pensamiento filosófico y el religioso se han construido sobre la idea de dar una respuesta a esas interrogantes. Y a partir de ellas sobre la relación entre la vida y la muerte. La trascendencia de la vida humana está en la base misma del origen de la filosofía y la religión. Ambas buscan darle al ser humano una certidumbre más allá de su existencia. Una basada en la razón, la otra en la fe. Como bien dice el filósofo francés Luc Ferry, religiones y filosofías se han construido sobre la idea de la salvación del hombre, entendida como trascendencia de la muerte. Hoy mismo, en un mundo sin verdades ideológicas, tanto la filosofía como la religión vuelven a presionar en la vida cotidiana de los hombres y mujeres poniendo sobre el tapete de la globalización la cuestión de la espiritualidad salvadora.

Pero, también, desde la antigüedad la ciencia ha terciado en este debate. Copérnico al publicar en 1543 su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium revolucionó la astronomía, al demostrar que la tierra no era el centro del universo y que junto a los demás planetas giraba alrededor del sol. La teoría heliocéntrica echó abajo los dogmas religiosos básicos. Tres siglos después, Charles Darwin en “Sobre el origen de las especies por selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia”, publicada el 24 de noviembre de 1859, sentó las bases de la teoría de la evolución y de la explicación científica del origen del hombre. La fe tuvo que adecuarse a la evidencia de la ciencia.

Pero el cosmos que comprende al hombre y lo sobrepasa siguió esperando una explicación desde la astrofísica. Hasta que en 1927 Georges Lemaître sugirió que el Universo se inició con la explosión de un átomo primigenio; y, ya en los años sesenta las investigaciones de Stephen Hawking confirmaron que el Universo ha evolucionado desde un tiempo finito a partir del instante en que una gran explosión originaria, denominada “Big Bang”, asumió el papel de fuerza creadora.

Uno de los efectos del “Big Bang” habría sido la creación de las dimensiones de espacio y tiempo, que antes no habrían existido. A partir de ese instante explosivo y fundacional del cosmos el tiempo y el espacio recién habrían existido. El uso del término explosión es también figurativo pues el estallido inicial, según los físicos, no se habría propagado fuera de sí mismo. La cosmología contemporánea mide a partir de ese momento estelar la edad del universo en aproximadamente 13,7 ± 0,2 miles de millones de años.

El 3 de marzo de 2010, la teoría del “Big Bang” tuvo en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), en Ginebra, la prueba empírica soñada. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) logró que dos haces de mil millones de protones cada uno viajen a la velocidad de la luz por un túnel de 27 kilómetros de largo, hasta chocarse y reproducir la gran explosión que dio origen al universo. Se abre una nueva historia para la física y un horizonte sin límites en el conocimiento humano.

A partir de este nuevo aporte extraordinario de la ciencia a las preguntas de la filosofía y la religión, se refuerza el sentido de la espiritualidad propugnada por Luc Ferry, en un mundo en el que la razón es esencial para la relación del hombre con el cosmos: “Aprender a vivir, a dejar de temer en vano los diversos rostros de la muerte… y al tiempo que pasa…”.

Columna:

2010-04-19T19:07:00.000-07:00

La OEA y los gobiernos miembros de la OEA

(Fuente: La Primera, 29 de marzo de 2010) En el año 2001 cuando asumí el cargo de Representante Permanente ante la OEA, la organización, como casi siempre, era tildada de vetusta e inoperante. Meses antes, el embajador Javier Pérez de Cuéllar, Presidente del Consejo de Ministros, incluyó en su discurso de presentación ante el Congreso un párrafo que anunciaba al país que se presentaría una iniciativa ante la OEA para negociar y aprobar una Carta Democrática Interamericana.

Recibimos muchas opiniones contrarias sobre la viabilidad del proyecto. “La OEA es un elefante imposible de mover”. “Un nuevo régimen de protección internacional de la democracia es inviable de negociar con gobiernos como el del presidente Chávez”. “Los mecanismos de negociación son paquidérmicos, el intento demorará diez años y en el camino se diluirá”. Pero todas tenían dos debilidades. Ignoraban el papel decisivo que puede tener el liderazgo en los procesos y negociaciones internacionales. Y, especialmente, la famosa enseñanza de Alberto Lleras reseñada por Jorge Basadre en Apertura: “Al anunciar que se retiraba, ante la Décima Conferencia Interamericana de Caracas, volvió a decir que la Organización no era un vigésimo segundo integrante de la familia hemisférica y que por eso no era ni buena ni mala en sí misma sino lo que los gobiernos miembros querían que fuere y no otra cosa”.

Lo que quiso decir Lleras es que sin iniciativa, liderazgo, compromiso y determinación político-negociadora de uno, varios o todos los gobiernos que forman parte de una organización, ésta se anquilosa y debilita. La voluntad política, bien orientada y con las suficientes alianzas, siempre se impone a la inercia. El método: cambiar la correlación de fuerzas y en la negociación un poco de “imaginación sociológica” al decir de Wright Mills.

El Perú -en esa línea de pensamiento- decidió no presentar la iniciativa de la Carta al Consejo Permanente, la gran maquinaria pesada sin motores de la OEA, sino en el máximo nivel de decisión política de los gobiernos: la Tercera Cumbre de las Américas que se realizó en Quebec, entre el 20 y el 22 de abril de 2001. Un procedimiento absolutamente heterodoxo, pero no imposible. Toda negociación tiene un margen de incertidumbre, pero también de viabilidad.

Javier Pérez de Cuéllar presentó un párrafo, de origen peruano, en el que los jefes de Estado encomendaban a la OEA la negociación y aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Fue un calculado riesgo. Antes de presentar la iniciativa ya se había reunido una masa crítica de voluntades políticas que la hacían probablemente viable. El párrafo fue aprobado y se dio un mandato a la OEA. Sólo cinco meses después, luego de una ardua negociación, la Carta Democrática Interamericana fue aprobada, en Lima, el 11 de setiembre de 2001. El liderazgo y la voluntad política de los gobiernos, en el pensamiento de Lleras, se había impuesto al prejuicio de la inercia y el inmovilismo de la OEA.

La historia demuestra, así, que la reforma y la eficacia de la OEA es una cuestión de liderazgo y voluntad política de los países miembros o de algunos de ellos. Y, obviamente, del secretario general que tiene la capacidad de generar lo primero y que posee, dentro de sus propias competencias, márgenes amplios para asumir su propio liderazgo e iniciativa. Todos en la región esperamos que José Miguel Insulsa los ejerza en su segundo mandato.

Columna:

2010-02-09T20:58:00.000-08:00

¿Qué está pasando con el poder en el mundo?

(Fuente: LA PRIMERA, 1 de febrero, 2010).- La discusión sobre la estructura del poder en el sistema internacional de transición de nuestros días, no es sólo un asunto teórico y académico de la mayor relevancia, sino una cuestión práctica para todos los operadores de la política internacional, sean estados o sociedad civil. Todo actor internacional requiere saber los márgenes de acción de su conducta y los referentes básicos de los procesos globales de toma de decisiones.

Es usual, a partir de la crisis económica desatada por la economía- casino del sector financiero, afirmar que Estados Unidos está en decadencia y que el mundo actual es claramente multipolar. La realidad no es tan simple.

El poder de Estados Unidos se ha resentido fuertemente en el ámbito económico, pero no tanto para que no continúe siendo la primera economía mundial. Es la única superpotencia del sistema desde el punto de visto nuclear y militar-estratégico. Y ningún Estado ni agrupamiento de estados tienen el poder político que en estos tiempos de crisis y reacomodos sigue ejerciendo Washington.

¿Esto significa, que la crisis financiera y la obsolescencia del reino del mercado frente al Estado, el fracaso de la intervención en Irak, el inmovilismo retardatario de Israel en el Medio Oriente a contramano de los deseos de Obama y las enormes dificultades para establecer una paz americana en Afganistán, no son signos del debilitamiento del poder americano? La respuesta es sí y no.

En lo económico, es cierto que la tasa de crecimiento de la China es ocho veces mayor que la de Estados Unidos y que ha desplazado a Alemania como primer exportador mundial. Pero el dato fundamental es que el PBI norteamericano (US 14,290.000.000.000) es el doble que el Chino (US$ 7,800.000.000.00) y casi igual al de toda la Unión Europea. Hay que tomar en cuenta, además, que las ventas de las filiales extranjeras de las corporaciones transnacionales norteamericanas triplican largamente las exportaciones del país en bienes y servicios. Nada de esto, por cierto, resta gravedad a la crisis económica en EE.UU. y a un proceso de recuperación que es lento y que puede tener recaídas.

Lo concreto es que, desde el punto de vista del poder económico mundial, Estados Unidos sigue siendo la primera economía del planeta, como lo es en los ámbitos nuclear, militar y político. Que otras potencias emergen con enorme fuerza, como la China y que el Basic ( Brasil, Sudáfrica, India y China) gana espacios en las decisiones mundiales, no sólo es cierto, sino que constituye el signo relevante del cambio.

En ese contexto, es necesario diferenciar el poder de la potencia. La potencia es la capacidad de usar el poder con legitimidad y eficacia. Lo que está en crisis no es tanto el poder de Estados Unidos sino su potencia. El poder de la única superpotencia no basta para obtener las decisiones que reclaman sus propios intereses. Lo mismo sucede con mayor intensidad con la Unión Europea. Hay que negociar. En ese nuevo espacio que está conduciendo a un multilateralismo restringido, el poder emergente es la China. Y los nuevos referentes, Rusia y los países del Basic.

Columna:

2010-02-09T20:55:00.000-08:00

Javier Pérez de Cuéllar: el aniversario y la historia

(Fuente: LA PRIMERA, 25 de enero de 2010).- Javier Pérez de Cuéllar cumplió noventa años el 19 de enero. Y fue objeto de un justo homenaje. Un excelente signo de buena salud nacional, en un país donde el reconocimiento al otro siempre es esquivo. Schopenhauer decía que “la verdadera salud del espíritu consiste en la perfección del recuerdo”. El recuerdo del nonagésimo aniversario de Pérez de Cuéllar, lleno de simbolismos, es también una manera positiva de valorar en su propio itinerario la vida y el hombre, la obra y la historia de quien es, en la concepción de Jorge Basadre, un referente esencial de la realización de la promesa de la vida peruana .

Cuando Javier Pérez de Cuéllar asumió la Secretaría General de las Naciones Unidas, en enero de 1982, el mundo observaba cómo se agudizaba la lógica del conflicto. En abril se inició la guerra de las Malvinas. Casi simultáneamente Israel atacó el Líbano. Irán e Irak seguían escalando en la guerra. En noviembre Andropov rechazó la propuesta americana de la opción cero. Maurice Bertrand en L´Etat du Monde, sentenciaba: “La ONU en definitiva sólo aparece como un foro de propaganda… nadie sabe todavía qué tipos de reforma podrían dar mayor utilidad a la organización”.

Seis años después la situación cambió radicalmente. La ONU a un ritmo inteligentemente dirigido por Pérez de Cuéllar y acompasado con los cambios que se aceleraron a partir de la “perestroika”, pasó por primera vez en la historia a ejercer sus poderes reales a través del Consejo de Seguridad. Se puso fin a la guerra Irán-Irak, la invasión de Irak a Kuwait fue objeto de una intervención legítima aprobada por el Consejo de Seguridad que culminó con la restitución de la soberanía de Kuwait; en Afganistán la mediación de Naciones Unidas logró el cese del fuego y el retiro de las tropas soviéticas; se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador; en Camboya se negoció el cese del fuego; las Naciones Unidas obtuvieron la independencia de Namibia y un avance decisivo para liquidar el apartheid, incluyendo la liberación de Nelson Mandela el 11 de febrero de 1990.

El mismo Maurice Bertrand, tan crítico de la inoperatividad de la ONU en 1982, escribió en 1989: “…la ONU y su secretario general, Javier Pérez de Cuéllar, gozan de una sostenida popularidad, el papel jugado por la organización en la resolución de los conflictos regionales ha ganado la primera página de la prensa internacional; las fuerzas para el mantenimiento de la paz han obtenido el Premio Nobel. ¿Cómo explicar este cambio en la situación?”.

La respuesta está en la forma como Pérez de Cuéllar leyó las tendencias del cambio y lideró las negociaciones, asegurando que por primera vez en su historia el Consejo de Seguridad asuma plenamente sus facultades y funciones, en una sintonía fina con el ejercicio eficaz de las propias prerrogativas y capacidades del secretario general. Sin confundir los poderes de uno y otro.

En medio de decisiones que cambiaron la historia del mundo, Pérez de Cuéllar nunca perdió de vista al ser humano, a la población civil en los conflictos o a su dignidad frente al poder despótico. Hay en su pensamiento y obra un sustrato humanista, ajeno a toda retórica, que lo dota de una dimensión universal.

Columna:

2010-02-09T20:43:00.000-08:00

El Canciller Miguel Ángel de la Flor Valle

(Fuente: LA PRIMERA, 18 de enero de 2010).- El 12 de enero falleció el general de división Miguel Ángel de la Flor Valle, ministro de Relaciones Exteriores del Perú entre 1972 y 1976. La diplomacia peruana debe honrar su memoria. De la Flor además de un destacado oficial del Ejército, fue uno de los cancilleres más importantes de la segunda mitad del siglo XX. De hecho si se tiene en cuenta que ejerció el cargo durante el mayor tiempo del gobierno del general Juan Velasco, fue responsable de las líneas estratégicas de una política exterior que varió el patrón histórico de las relaciones externas del Perú.

La política exterior de Velasco llevó al Perú de la provincia al mundo. Al universalizar las relaciones externas, geográfica, política y temáticamente, se abrió un nuevo curso para la diplomacia peruana. Ninguna gestión externa post Velasco se entiende sin la política exterior de Velasco. Para analizarla hay que situarse en el mundo y el Perú de los años sesenta. El mundo de la guerra fría y el Perú oligárquico.

Un mérito innegable es que se hizo una reflexión teórica sobre la dimensión externa del problema peruano de esa época, inserto en el mundo de esos años. El pensamiento de Carlos García Bedoya sobre la política exterior es la expresión conceptual mejor elaborada de este proceso. Miguel Ángel de la Flor Valle lo condujo en su mayor parte y en sus momentos más decisivos.

De la Flor tenía mucha claridad sobre dos ideas claves. Las decisiones de política exterior deben gozar de una amplia autonomía frente a los poderes extranjeros. Y su motivación debe responder a los intereses nacionales Este razonamiento conducía inevitablemente a uno de los requisitos de toda política exterior moderna y de carácter nacional: el reconocimiento de las interrelaciones funcionales entre los procesos internos sociales, económicos, políticos y de defensa nacional, con sus correspondientes externos. La diplomacia a contramano de lo que se cree no se formula ni ejecuta de las fronteras hacia afuera, sino del interior del país hacía el mundo. Y viceversa.

Quizás este sea el legado más importante de la política exterior de Velasco y de la Cancillería de Miguel Ángel de la Flor: la diplomacia debe ser un factor dinámico de la búsqueda del desarrollo, el bienestar y la seguridad para la población y a través de ella para el Estado y la nación.

En su gestión, la Cancillería integró de manera muy coherente los factores internos y externos del desarrollo y la seguridad nacional en una visión estratégica de la proyección externa del Perú. Liberó a la diplomacia peruana de la camisa de fuerza que significaba el alineamiento estratificado con uno de los polos de poder de la guerra fría.

Al mismo tiempo, nunca se perdió de vista la consulta y la negociación como método para la solución de las diferencias con Washington. Aún en las líneas de la diferenciación y el conflicto la diplomacia peruana de la época fue seria, previsible, activa y respetada.

La aceptación a nivel mundial de la tesis de las 200 millas, la irrupción del desarrollo en la agenda de la diplomacia nacional, la reestructuración del sistema interamericano y una visión conceptual sustentada en la opción no alineada ante un mundo bipolar, son procesos y hechos de la política exterior que siempre estarán unidos al recuerdo y a la memoria de Miguel Ángel de la Flor Valle.

Columna:

2010-02-09T20:36:00.000-08:00

Sudamérica: hacia una zona de paz y cooperación

(Fuente: LA PRIMERA, 4 de enero de 2010).- Juan Jesús Aznàres, en un reportaje publicado ayer en El País de Madrid, titulado Arsenales al sur del río Bravo, señala que “Lejos de avanzar en los procesos de integración regional, América Latina compra armas masivamente desde que las exportaciones de materias primas de años atrás permitieron a sus gobiernos disponer de dinero para modernizar los arsenales. El petróleo venezolano, el cobre chileno y el grano brasileño han financiado, en buena medida, los misiles rusos adquiridos por Hugo Chávez, los F-16 estadounidenses de Chile o los submarinos de guerra encargados por Brasilia a Francia. La renovada asociación militar de Colombia y Estados Unidos, paralela al alineamiento de Venezuela con Irán y Rusia, certifica el naufragio de las políticas de convergencia regional aplicadas en la década de los noventa”.

El dilema que plantea Aznàres es objetivo. Hay en América del Sur, simultáneamente, una tendencia a la integración y el diálogo político con contornos históricos representados por la entidad que empieza a adquirir Unasur; pero, al mismo tiempo, existen focos de tensión, especialmente Colombia-Venezuela y en menor medida Chile- Perú, en los que el armamentismo de algunos está vinculado a escenarios tradicionales de la seguridad nacional. Hay otros casos de rearme no vinculados a tensiones fronterizas, sino a nuevos roles internacionales, como es el caso del Brasil. Pero, más allá de la diversa etiología de su intensidad y alcance, lo cierto es que existe un rearme al sur del río Bravo.

Lo único que no debe hacerse en este contexto es negar la realidad, esgrimiendo la etérea tesis que se trata de simples reposiciones de material obsoleto. Aznàres hace la pregunta clave: ¿Por qué y para qué se están rearmado ciertos países en Sudamérica? Hay que dar una respuesta a esta pregunta. Y esa respuesta debe ser clara y contundente en descartar el rearme para la agresión. La única manera de dar dentro y fuera de la región un mensaje claro que disocie la adquisición de armamentos con la posibilidad de la agresión, es asumiendo una iniciativa regional, sudamericana, que comprometa la voluntad política de los países y establezca garantías jurídicas que excluyan la hipótesis del uso o la amenaza del uso de la fuerza.

Pienso que de manera similar a la Resolución 41/11 (1986) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estableció una zona de paz en el Atlántico Sur y la iniciativa peruana que el año 2002 obtuvo la aprobación de un acuerdo básico para promover una zona de paz en el Pacífico Sur, habría que asumir la iniciativa para que los países de Unasur promuevan en la próxima Asamblea General la declaratoria de América del Sur como zona de paz.

Se levantarían las suspicacias que están creando un clima enrarecido en la región. Sudamérica es ya una zona libre de armas nucleares y no habría problema -por los compromisos globales existentes- en declararla libre de armas biológicas, químicas y de destrucción en masa. Habría que añadir un nuevo compromiso colectivo de no uso de la fuerza o amenaza de la fuerza y una expresión de voluntad política contra el armamentismo ofensivo. Esto no resolvería los desequilibrios, pero sí deslegitimaría y aislaría moral, ética y políticamente cualquier voluntad de aventura contra el sentido de la historia.

Columna:

2009-08-17T06:15:00.000-07:00

La seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional y el TLC con Chile

Jurgen Habermas tiene razón cuando señala que la seguridad jurídica, la legitimidad y el bien común son los valores esenciales del Estado de derecho. En las sociedades democráticas, la ley - que expresa el ejercicio legítimo del imperium de la fuerza - tiene autonomía en relación a la voluntad subjetiva del gobernante. La ley es la expresión coercitiva del poder legítimo. Como dice Norberto Bobbio “hace del poder de mandar un derecho y de la obediencia un deber, es decir, transforma una relación de mera fuerza en una relación jurídica”.

Las garantías de seguridad jurídica son aquellas que obligan imperativamente a las autoridades del Estado a no aplicar con arbitrariedad la ley y a respetar el principio de legalidad, especialmente a salvaguardar la primacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica es la certeza de que el poder no manipula la ley. Esta certeza en el Estado de derecho se expresa en el control de la constitucionalidad de las leyes.

Esa es la suprema responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional. Actúa, a posteriori, para garantizar la constitucionalidad de las leyes y de los tratados internacionales.

En la globalización, el control constitucional de los tratados adquiere una importancia sin precedentes, pues cada día son más los espacios de la conducta intersubjetiva que son regulados ya no por la ley nacional, sino por el derecho internacional. De allí la importancia de un oportuno y eficaz control de su constitucionalidad, particularmente en los casos de los Tratados de Libre Comercio que regulan diversas y sensibles áreas de las relaciones jurídicas nacionales, como las inversiones, la propiedad intelectual, los servicios, las compras estatales, la liberación del comercio, los estándares laborales y medio ambientales.

Por ello, el fallo que emitirá el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio con Chile posee una excepcional importancia. En la sentencia no está en juego el libre comercio y menos el libre comercio con Chile - yo creo que ambos son convenientes -, está en juego la seguridad jurídica del Estado de derecho.

El procedimiento de aprobación del TLC con Chile ha sido manifiestamente inconstitucional (inconstitucionalidad extrínseca), a diferencia del TLC con Estados Unidos que sí se aprobó conforme a la Constitución. Y algunas de sus normas, como aquella que define el territorio ( Art. 2.2) y la que restringe el alcance del Art. 70 de la Constitución, eliminando la causal de seguridad nacional para la expropiación legítima, son violatorias de la carta magna (inconstitucionalidad intrínseca).

El Tribunal Constitucional debe fallar en función del resguardo del principio de seguridad jurídica y en estricto apego al principio de legalidad. Las cuestiones ajenas a su función, como las relativas a los flujos económicos que liberaliza el tratado, no pueden anteponerse al cumplimiento de su mandato constitucional.

Fuente: La Primera, 17 de agosto de 2009.

Noticia:

2009-03-19T11:00:00.000-07:00

Gestor de demanda peruana: "Ir a La Haya es una manera amistosa de resolver diferencias"

Ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros criticó el manejo de las relaciones bilaterales de parte Foxley y restó dramatismo a las declaraciones del general Edwin Donayre.

El Mercurio (19 de marzo de 2009)
SANTIAGO.- Con la firme convicción de que su país tiene la obligación de acudir ante la Corte Internacional de la Haya, el ex canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros manifestó su confianza en que los argumentos limeños presentados hoy ante ese tribunal serán suficientemente sólidos para que el organismo falle a su favor y se modifique el límite marítimo con Chile.
En conversación con Emol, el gestor de la demanda peruana contra Chile en La Haya, durante el gobierno de Alejandro Toledo, criticó el manejo de las relaciones bilaterales de parte del ex canciller Alejandro Foxley y desdramatizó las declaraciones del ex comandante en jefe del Ejército peruano, Edwin Donayre.

-¿Cómo se originó la demanda presentada por su país ante La Haya?

Con el Presidente Toledo definimos el problema del límite marítimo entre Chile y Perú como una de las políticas más claras que teníamos que atender. Por eso razón en julio del año 2004 yo dirigí una carta a Soledad Alvear invitando al Gobierno de Chile a sostener unas negociaciones diplomáticas. La respuesta de Chile fue que no había nada que negociar pues el asunto estaba resuelto, y a partir de esa negativa es que adoptamos la decisión de llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque el Derecho Internacional nos da a todos la obligación de resolver nuestras diferencias conforme a sus métodos.

-¿No considera que fue una medida demasiado drástica?

Yo quiero señalar a la opinión pública de Chile que no se puede interpretar la propuesta de Perú bajo términos no amistosos, la Presidente Bachelet definió entre su política resolver las controversias utilizando los métodos de solución pacífica y del derecho internacional, y lo que está haciendo el Perú precisamente es acudir a esos métodos. Ir a la Corte es una manera amistosa de resolver las diferencias.

-¿Cuáles son los principales argumentos en que se sustenta la demanda peruana?

Como no existe un límite marítimo entre el Perú y Chile sobre el paralelo que haya sido establecido por una obligación internacional, lo que corresponde es que la Corte establezca el límite aplicando las normas del Derecho Internacional. En este caso hay que trazar el límite en base a la regla de principios facultativos, es decir tendría que hacerse a través de una línea equidistante conforme a la jurisprudencia constante y uniforme a la Corte Internacional de Justicia.

-Pero Chile considera que eso ya está establecido por tratados anteriores

En Chile existe una lectura a mi juicio errada de esos tratados, pero sin embargo existen algunos tratadistas chilenos que reconocen que en esos tratados no se estableció límite. Yo creo que este es el punto que se tendrá que discutir en La Haya: el Gobierno de Chile señala que ya hay tratados que establecieron el límite, mientras que Perú dice que no hay tratados que hayan establecido límites y que por ende deben establecerse conforme al derecho internacional.

-¿Cree que es posible que alguno de los dos países no respete el fallo de La Haya?

Yo creo que ningún estado puede declararse en rebeldía a la sentencia de la Corte en materia de delimitación, sea territorial o marítima. De hecho en la historia de la Corte y las relaciones internacional, no existe ningún estado que haya hecho eso, sería un desafío a la legalidad internacional cuyos costos para el estado concernido serían imposibles de afrontar. No tengo ninguna duda que la sentencia será cumplida por el Perú y por Chile.

-¿Qué le parecen las declaraciones del ex Comandante en Jefe Edwin Donayre? ¿No afectan las relaciones entre ambos países?

También hay declaraciones de políticos chilenos que no son serenas, siempre vamos a encontrar opiniones de ese tipo, que no son serenas, sino llamativas. Todos los días hay juicios en La Haya y los países no se vuelven enemigos. Hay que tomarlo con normalidad.

-¿Cómo evalúa la salida del ex canciller chileno Alejandro Foxley?

Yo creo que el canciller Foxley ha estado muy equivocado en la política que impulsó. Yo creo en la amistad Perú-Chile, creo en un futuro de integración y eso lo tenemos que conseguir con responsabilidad y mucho respeto, diplomacias inteligentes y que no tienen por qué dudar del pasado, hay que aprender del pasado para no cometer errores futuros.El Perú no vive del pasado, hay sectores que viven de la Guerra del Pacífico y eso es normal, también sucede en Chile, y no es malo.

-¿Qué opinión tiene del TLC entre Chile y Perú?

Lamentablemente el problema del Gobierno de Perú fue aprobar el TLC a través de un procedimiento inconstitucional, yo creo que debió haber hecho lo que se hizo en Chile, donde fue sometido a discusión en el Congreso.

Enlace: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=349570

Noticia:

2009-03-19T10:46:00.000-07:00

RODRIGUEZ CUADROS: "MEMORIA PERUANA DEBE TENER PEDIDOS SOLIDOS PARA TENER RESULTADO FAVORABLE"

Fuente: Radio Uno de Tacna (miércoles, 18 de marzo de 2009)
El próximo viernes 20 de marzo, vence el plazo para que el Perú presente la memoria ante la Corte Internacional de la Haya, en el caso de la presentada en contra del estado Chileno por el diferendo marítimo

El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros en declaraciones a Radio Uno manifestó que la memoria que el Perú presentará ante la Haya deberá incluir en las conclusiones la solicitud para que se establezca el límite equidistante y que tenga como inicio el punto donde converge el mar con la orilla, es decir, la línea de la concordia y no el hito número 1.

Además de estos dos puntos, se debe incluir el pedido para que la Corte Internacional declare que la pretensión del gobierno de Chile de considerar que el espacio marítimo contiguo a la zona de discusión, el cual tiene una extensión de 28 mil km. cuadrados es mar internacional, no tiene base jurídica y se establezca que este territorio marítimo corresponde a las 200 millas marinas de Perú

Sobre las acciones que podría adoptar el vecino país, ante la presentación de memoria peruana, Rodríguez Cuadros, consideró que Chile presentaría excepciones preliminares para tratar que la Corte declare inadmisible la demanda y se considere no competente en el proceso.

"La posición chilena irá básicamente por el tema de la competencia de la corte en este tema, si la corte no admite esta posición existen muchas posibilidades que el proceso sea favorable al Perú, en caso contrario Chile podría ser favorecida con el proceso", indicó el diplomático peruano.

Finalmente, el ex canciller llamó la atención del gobierno que no se está trabajando el tema de la delimitación marítima como una cuestión de Estado, sino como una cuestión de estado, a diferencia de lo que ocurre en el país de Chile, donde se convocó a un consejo consultivo conformado por los cancilleres de los últimos 25 años.

Enlace: http://www.radiouno.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=8986&Itemid=31

Noticia:

2009-03-19T10:40:00.000-07:00

Ex canciller peruano pide mayor visión de Estado ante la demanda en La Haya contra Chile

Agencia EFE (17 de marzo, Lima).- El ex canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros pidió hoy al Gobierno de Alan García una mayor visión de Estado al abordar la demanda que presentó ante la Corte Internacional de La Haya para fijar los límites marítimos con Chile, en vísperas de que Lima presente sus argumentos ante el tribunal.

"El Gobierno debió haber manejado y debe manejar el tema de la controversia marítima con una visión más de Estado y menos de raigambre partidaria o gubernamental", manifestó el ex ministro de Exteriores en una reunión con la prensa extranjera en Lima.

Recordó que el Gobierno chileno reunió en una comisión a los cancilleres de los últimos 25 años para abordar el tema, una decisión que lamentó no haya sido adoptada por el Ejecutivo peruano con el fin de reforzar una "posición nacional".

Rodríguez Cuadros, autor del libro "Delimitación marítima con equidad: el caso de Perú y Chile", también criticó al Gobierno de García por no haber explicado a la población los aspectos esenciales de la demanda ante La Haya, y consideró que peca de "secretismo" en el manejo informativo del caso.

Perú presentó en enero de 2008 una demanda ante La Haya para fijar los límites marítimos con Chile, que Santiago considera zanjados en tratados suscritos en la década de 1950 y que para Lima son solo pesqueros.

El 20 de marzo próximo el Gobierno peruano debe presentar los argumentos de su demanda y un año después Chile deberá entregar ante la corte su contra demanda, aunque también tiene la posibilidad de presentar ante el tribunal unas acciones denominadas "excepciones preliminares".

Mediante estos recursos, "que están dirigidos a cortar el juicio", Chile podría argumentar que considera que la Corte no tiene competencia en la materia o pedir la inadmisibilidad de la demanda.

Si La Haya acepta que no es competente, se suspendería el proceso, mientras que si pide la inadmisibilidad, la Corte podría resolver conjuntamente esta excepción preliminar junto a la demanda en sus conclusiones finales.

Pero el ex jefe de la diplomacia peruana opinó que es "bastante improbable" que el tribunal de La Haya admita estos recursos.

Al instar a que se adopte en su país una "aproximación serena y responsable" frente al proceso, el también presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales aclaró que Chile tiene derecho a presentar estas excepciones preliminares.

Asimismo, el embajador indicó que existen muchos antecedentes de demandas marítimas ante La Haya, tras asegurar que no existe precedente en la Corte, en cuanto a la delimitación del espacio marítimo, de que un país se haya negado a acatar el fallo.

Artículo:

2009-03-16T08:55:00.000-07:00

La Memoria del Perú ante la CIJ

Por: Manuel Rodríguez Cuadros
El próximo 20 de marzo el gobierno del Perú presentará su Memoria ante la Corte Internacional de Justicia. Se dará, así, inicio al procedimiento escrito del juicio. El objeto de la Memoria, conforme al estatuto de la Corte y las normas de procedimiento, es desarrollar los fundamentos jurídicos y exhibir las pruebas que sustentan la demanda peruana. La presentación de la Memoria se reduce, simplemente, al acto material de entrega del texto al Greffier (Secretario) de la Corte, en un original, una copia certificada y aproximadamente 123 copias simples.

El secretario correrá traslado del texto a la parte demandada, a los jueces de la Corte y a los estados miembros. La memoria se hará pública, junto con todos los otros documentos que comporta el procedimiento escrito, al momento de iniciarse la fase oral del juicio.

Conforme a los precedentes y a las normas procesales la Memoria debe contener, en primer lugar, el desarrollo de los fundamentos jurídicos y de hecho que sustentan la demanda del Perú; en segundo lugar -y esto es quizás lo más importante - precisar sus conclusiones, que deben detallar las pretensiones peruanas, señalando de manera precisa y específica las decisiones que el Perú solicita que la Corte adopte en su sentencia. Finalmente, la Memoria debe contener los anexos documentales y cartográficos que se presenten como pruebas.

En el fondo, la demanda debe demostrar -y de esto dependerá la posibilidad del éxito- que no existe una obligación internacional que haya trazado el límite marítimo entre los dos países, ni a través de tratados, ni de la costumbre, ni de una supuesta aquiescencia derivada de la conducta de las partes. Si la Memoria fundamenta bien este hecho cierto y en el juicio se logra que la Corte adopte este criterio, el juicio se habrá ganado. Demostrada la inexistencia de esa obligación, la Corte -conforme a su jurisprudencia uniforme- fallará estableciendo un límite que asegure la equidad de resultados, en este caso normalmente a través de una línea equidistante.

En sus conclusiones la Memoria debería pedir a la Corte:

1. Que se establezca el límite para el mar territorial conforme a la norma “equidistancia-circunstancias especiales”, que en la materia debe ser una línea equidistante.

2. Que para la plataforma continental y la zona económica exclusiva se trace el límite marítimo aplicando la norma “principios equitativos-circunstancias pertinentes, que en la especie debe hacerse a través de una línea equidistante.

3. Que la Corte defina que el punto de inicio del límite marítimo es el denominado “Concordia”, es decir aquél en el que converge el territorio con el mar, conforme a lo establecido en el Tratado de 1929 y sus instrumentos de ejecución.

4. Que la pretensión de Chile de considerar alta mar el espacio marítimo de 28,471.86 Km2, ubicado fuera de su jurisdicción marítima, es ilícita conforme al derecho internacional y que, consecuentemente, dicha área es parte del espacio oceánico en el que el Perú ejerce soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas.

Esta es la tarea del actual y del futuro equipo jurídico, del actual y del futuro gobierno. Es la tarea, en realidad, ya no de los gobiernos, sino del Estado peruano en el manejo responsable de los intereses nacionales permanentes.

Fuente: La Primera (16 de marzo de 2009)

Noticia:

2009-03-10T13:31:00.000-07:00

Que no se corra el canciller del APRA

Fuente: La Primera (10 de marzo de 2009)

El ex canciller Manuel Rodríguez anunció en la siguiente entrevista telefónica su retorno a Lima para debatir con el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, sobre el TLC con Chile.

-Usted invitó al canciller García Belaunde a un debate público y democrático, esas fueron sus palabras, pero él se negó. Ahora que el gobierno ha pasado a propiciar debates, ¿reitera la invitación?

-Por supuesto. El país necesita conocer la realidad de los especialistas, y qué mejor ejercicio de docencia que el canciller, José Antonio García Belaunde, que ha firmado el tratado libre comercio y que fue representante del Perú en el primer gobierno del presidente García en la ALADI y yo que he sido ex canciller y uno de los redactores del Tratado que creó la ALADI, podamos discutir alturada y democráticamente sobre si el TLC con Chile ha sido aprobado inconstitucionalmente, sobre si contiene o no normas que violan la Constitución y si es o no equitativo para el Perú. Yo reitero mi invitación formal para que el canciller García Belaunde acepte debatir conmigo sobre el fondo de este asunto, que es de un profundo interés nacional. Tengo una vocación democrática por la libre discusión de las ideas. Espero que el canciller García Belaunde acepte el debate en la televisión. Y como soy una persona seria que respeta a la opinión pública, estoy viajando a Lima desde Ginebra para hacer realidad esta posibilidad

-Pero el canciller García Belaunde sostiene que debatir con usted sería innoble y un acto de división entre los peruanos.

-Es extraño, pues el mismo canciller ha demandado a Ollanta Humala por qué no debatió con la ministra de Comercio. Cuando yo invito al debate al canciller, él se niega aduciendo que el debate es un acto de división entre los peruanos, pero al mismo tiempo alienta los debates de la ministra de Comercio. Aquí hay una doble conducta, inaceptable desde el punto de vista político y moral. Eso no es serio. Es una falta de respeto a la opinión pública, al país. El debate es consustancial para la democracia, obviamente guardando los niveles, la ministra debatió con la congresista Marisol Espinoza, está bien. Ahora demos el paso al debate entre el canciller García Belaunde y yo. El país podrá sacar sus conclusiones. Si el canciller es honesto consigo mismo debe aceptar el debate, el mismo debate que promueve en otros.

-¿No teme que el presidente García lo persiga políticamente?

-La ley del Servicio Diplomático me da los mismos derechos que al canciller García Belaunde para participar en la política nacional. Con la diferencia que yo no utilizo la información que pueda obtener del ejercicio de mi cargo -porque no tengo cargo alguno- lo que sí está penado por la ley, a diferencia del canciller, que todos los días hace política utilizando la información que se deriva de su cargo. El país está discutiendo la inconstitucionalidad del TLC en relación al procedimiento que se utilizó para su aprobación, esa es una responsabilidad del canciller. Por eso el debate público es esencial. Espero que el canciller acepte mi invitación cuando él quiera y donde él quiera. El ejemplo de la ministra Aráoz es bueno. Sigamos el debate nacional. Para hacerlo realidad, en los próximos días estaré en Lima.

Artículo:

2009-03-09T12:21:00.000-07:00

Perú y Chile: cambiar la diplomacia

Por: Manuel Rodríguez Cuadros
El último incidente entre el Perú y Chile, causado por las desatinadas declaraciones del canciller Foxley, muestra una vez más la fragilidad política y diplomática de una relación bilateral con fortalezas económicas: 3,335 millones de dólares de comercio y 6,525 millones de dólares de inversión chilena en el Perú. Aparentemente habría una suerte de paradoja diplomática, pues en teoría se supone que los lazos económicos fortalecen los vínculos políticos.

K. J. Holsti en su libro International Relations recuerda un concepto básico de la política exterior: “Además de la seguridad y la autonomía, los gobiernos buscan el acceso a los mercados y las fuentes de suministro a fin de mejorar su economía nacional y el crecimiento”. La tensión espasmódica que afecta las relaciones bilaterales entre el Perú y Chile tiene que ver con el aserto de Holsti.

Chile ha logrado articular una política exterior que pone al estado nacional en el centro de un proceso de decisiones que concibe a los mercados, internos y externos, como variables complementarias de sus objetivos de seguridad, autonomía y desarrollo. Por eso Codelco no se privatizó. Y, por ello, su legislación interna reserva al estado espacios de política para regular las inversiones en función de factores de seguridad, independencia y autonomía. Establece los límites que todo estado nacional impone al mercado.

A partir de estos determinantes nacionales, Chile asume con el Perú una diplomacia de necesidad (su espacio productivo es muy reducido) y poder, basada en la exportación de capitales a sectores estratégicos de la economía peruana, la irradiación de influencia política y un manifiesto desequilibrio militar. El gobierno peruano tiene una tendencia a razonar el interés nacional al margen del estado y la sociedad, como si el Perú no fuese una Nación, sino solo un mercado. La ministra de Comercio lo repite: “nos interesa la inversión venga de donde venga y en cualquier sector”, abstrae al estado nacional.

Se podría pensar que esta relación funcional entre una diplomacia de ampliación de la base productiva de Chile y otra que concibe el país como un mercado abierto sin regulaciones, aseguraría el éxito de una suerte de neoportalismo consentido. Pero el gobierno peruano no es la Nación. El gobierno concede, la Nación reacciona. No leer esta realidad, es el error de percepción que explica la inviabilidad del proyecto y el fracaso de ambas diplomacias. Esta contradicción es la que pone en apuros a ambos gobiernos. Y los seguirá poniendo hasta que no se cambien las bases conceptuales de equivocadas políticas exteriores. La chilena del neoportalismo y la peruana de la primacía del mercado sobre la Nación. Chile necesita sustituir el paradigma de Portales por el de Bernardo O'Higgins y el gobierno peruano leer con atención a Basadre.

Fuente: La Primera (9 de marzo de 2009)

Noticia:

2009-03-09T12:13:00.000-07:00

García lo quiere enjuiciar

Fuentes de LA PRIMERA aseguraron ayer que el presidente Alan García ha instruido al viceministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, que “rebusque en la Cancillería toda la información que haya” sobre el alquiler de la residencia que el ex canciller Manuel Rodríguez ocupaba en Ginebra, cuando fue representante permanente del Perú ante los organismos internacionales establecidos en esa ciudad suiza, en el 2005.

Nuestras fuentes señalaron que la instrucción del presidente García apunta a enjuiciar a Rodríguez, como represalia por las constantes críticas del ex canciller contra el polémico y desigual Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile que entró en vigencia el primero de este mes, sin ser aprobado por el Congreso.

La ira del presidente García, indica la fuente, se desató luego de que este diario publicara en primera plana el pasado martes el desafío del embajador Rodríguez al canciller José Antonio García Belaunde a debatir ante las cámaras de televisión sobre el TLC con el país del sur.

Lo que quieren es que algún procurador inicie un proceso persecutorio contra el ex canciller como represalia por sus constantes y fundamentados comentarios sobre el acuerdo con Chile, que ha desatado gran polémica y resistencias de amplios sectores, refirió la fuente.

Fuente: La Primera (6 de marzo de 2009)

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/edicionNota.php?IDnoticia=34270&EN=1435

Noticia:

2009-03-09T10:12:00.000-07:00

Desafía al canciller

Señor canciller, hablemos de manera ecuánime, dice embajador.

El ex canciller Manuel Rodríguez retó ayer al canciller José García Belaunde a un “debate alturado” sobre el carácter inconstitucional e inequitativo para nuestro país del Tratado de Libre Comercio firmado entre Chile y Perú, el mismo que entró en vigencia el pasado domingo.

“Como este es un asunto de significación nacional y el debate es una expresión de la democracia, yo invito al canciller García Belaunde a discutir, debatir alturadamente, en la televisión, si el Tratado de Libre Comercio con Chile requiere o no la aprobación del Congreso, si contiene o no cláusulas anticonstitucionales y si es equitativo o no para las inversiones peruanas en Chile”, manifestó.

"Es evidente que el gobierno tiene una orfandad muy grande en materia jurídica y mayor en Derecho Internacional. Y por allí puede estar la causa y el origen de esta grave situación”, dijo Rodríguez, embajador de carrera y ex ministro de Relaciones Exteriores.

“El canciller García Belaunde insiste en soslayar la Constitución del Perú, en ella no se señala que los acuerdos derivados del Tratado de Montevideo de 1980 no deban ser aprobados por el Congreso. Debería sustentar la posición del gobierno con la Constitución en la mano”, remarcó.

Rodríguez es el más implacable crítico del TLC con Chile, porque, como ha escrito en varias columnas publicadas en LA PRIMERA, ese tratado no respeta la legalidad peruana y otorga preferencias al país sureño en desmedro del Perú.

El embajador Rodríguez Cuadros afirmó que “la negociación, suscripción y puesta en vigencia de tratados de libre comercio es conveniente para el país siempre que se cumplan tres condiciones: 1) Que el procedimiento utilizado para su aprobación y ratificación no viole los artículos 56 y 57 de la Constitución. 2) Que no contengan cláusulas que establezcan obligaciones anticonstitucionales. 3) Que las obligaciones contraídas en sus cláusulas sean equitativas, resguarden los intereses del Estado y la sociedad y no sean discriminatorias contra las empresas peruanas”.

“Estos son los requisitos mínimos. Por cierto, una buena negociación debe ir más allá y maximizar los beneficios dentro del riguroso cumplimiento del principio de legalidad. Lamentablemente, el TLC con Chile no cumple con estos tres requisitos mínimos de legalidad y resguardo de los intereses del Estado y las empresas peruanas”, aseveró.

Se saltaron el Congreso

Respecto a la necesaria aprobación por el Parlamento del Tratado de Libre Comercio con Chile, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros opinó que “sí debió pasar por el Congreso”.

Contra la opinión del canciller José García Belaunde, Rodríguez Cuadros dijo que “si el TLC con Chile fuese un acuerdo que ejecuta obligaciones ya contraídas en el Tratado de 1980, no sería necesaria la aprobación del Congreso, pues éste ya las habría aprobado ese año. Pero esto es falso de toda falsedad”. Añadió que “el Tratado de Montevideo de 1980 no establece una definición del territorio nacional, ni un programa de liberación para establecer el libre comercio. No existe ninguna cláusula que se refiera a las obligaciones que regula el TLC con Chile”. “Yo fui uno de los redactores de ese Tratado, que es un acuerdo que ni siquiera establece como objetivo una zona de libre comercio, sino sólo un área de preferencias arancelarias. El Tratado de Montevideo de 1980 no establece una definición del territorio nacional. Tampoco un régimen de inversiones ni de solución de controversias”, indicó.

Tratar de esta manera el Tratado de Montevideo, explicó Rodríguez Cuadros, “es tratar de mezclar el agua con el aceite, que si en química es imposible, en derecho es doblemente imposible”.

Fuente: 4 de marzo de 2009

Entrevista:

2009-03-08T16:59:00.000-07:00

"EL TLC otorga a Chile un nivel de protección inconstitucional"

Manuel Rodríguez C. Ex canciller explica que TLC con Chile pone en desventaja a los capitales peruanos en Santiago y podría afectar nuestra soberanía al desconocer la Constitución.
Emilio Camacho

Usted ha adelantado que el TLC con Chile no favorece realmente a los inversionistas peruanos, porque hay un anexo que deja en manos de las autoridades chilenas el ingreso de nuestros capitales, algo que no pasa nuestro caso. ¿Cómo se da esto?

En realidad, la situación previa a la suscripción de este acuerdo, a nivel comercial, no era muy distinta a la que hoy existe entre ambos países porque ya estaba liberado cerca del 98% del comercio. Lo que trae de nuevo este TLC es la liberalización y protección de las inversiones. Si se considera que las inversiones del Perú en Chile son mínimas, y las chilenas en el Perú llegan a más de 100 mil millones de dólares, y hay una política para incrementar esas inversiones, resulta claro que en Chile había mayor interés en la suscripción del TLC.

Aunque en Lima se ha dicho lo contrario.

Bueno, se dicen muchas cosas. Pero con este acuerdo se establece una serie de garantías para las inversiones chilenas. Entre ellas está un sistema de solución de controversias que excluye la ley nacional. Adicionalmente, se le otorga a Chile un nivel de protección de sus inversiones que, a mi juicio, tiene elementos inconstitucionales, porque la Carta Magna establece la facultad del Estado, en casos extremos, de expropiar empresas. Dos causales se establecen en la Constitución para la expropiación: la primera es la utilidad pública, que se aplica a empresas nacionales, y la segunda es la seguridad nacional, que se aplica a empresas extranjeras. En el TLC con Chile solo podrán hacerse expropiaciones por utilidad pública. Se excluye la causal de seguridad nacional.

¿Y eso qué es? ¿Una concesión del gobierno peruano con el de Chile o un simple descuido?

Eso significa dos cosas: significa por un lado que esa norma viola la Constitución, porque la modifica. Y como usted sabe los tratados internacionales priman sobre la Constitución. Pero qué significa esta norma (el TLC). Esto significa que el Estado está en capacidad, dada una emergencia, de expropiar empresas de cualquier país del mundo por la causal de seguridad nacional, excepto empresas chilenas. Señalo, entonces, que aquí hay un régimen de protección de carácter inconstitucional.

Aún no me ha dicho cómo se da el carácter discriminatorio del TLC con Chile.

Las inversiones chilenas en el Perú no tienen ninguna excepción en cuanto a su instalación ni están sujetas a trato discriminatorio alguno. Sin embargo, el anexo 11-F del tratado de libre comercio establece un régimen de excepciones que expresa lo siguiente sobre las inversiones peruanas: “El Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el derecho de rechazar las solicitudes (peruanas) de inversión a través del Decreto Ley 600 y la Ley 18657…

Adicionalmente, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el derecho de regular los términos y condiciones a los cuales quedará sujeta la inversión extranjera que se realice conforme a estas dos leyes. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente acuerdo, Chile podrá prohibir a un inversionista del Perú o a una inversión cubierta (que se realiza bajo el amparo del TLC) transferir desde Chile el producto de la venta de todo o parte o la liquidación total de su inversión”.

¿Qué significa esto último? ¿Las inversiones peruanas que se establecen en Chile y sus utilidades no pueden volver?

No, no. Lo que quiere decir es que si hay una inversión peruana en Chile y se venden sus activos, o parte de sus activos, la transferencia de esa venta puede ser prohibida por Chile hacia el Perú, por el plazo de un año o cinco años. Esto es una barbaridad. Y las empresas chilenas, en cambio, no tienen ninguna limitación para transferir utilidades, y menos para transferir el monto de las ventas de sus activos. Si mañana se vende Ripley, la totalidad de esa venta se puede transferir a Santiago o a Nueva York.

“La negociación con Chile fue poco transparente”

¿Cuándo se incluyeron anexos como el 11-F en el TLC? ¿Quién es responsable por dejarnos en desventaja ante Santiago?

Eso hay que preguntárselo al gobierno y al Ministerio de Comercio y Turismo. Toda esta negociación ha sido poco transparente. Ni siquiera la puesta en vigencia ha sido clara.

Hay un tema territorial en el TLC, que según usted también podría ser desfavorable para el país. ¿Cuál es?
Vamos por partes. La Constitución define nuestro territorio. Y con relación al tema marítimo, en la Constitución se utiliza el término “dominio marítimo”, además que se hace mención a las 200 millas. En la definición del territorio que se incluye en el TLC, se sustituye el concepto de dominio marítimo por el concepto de espacio oceánico. Yo me pregunto quién autorizó al gobierno a modificar la Constitución mediante el TLC con Chile. Y por qué no se mencionan las 200 millas.

¿Y cómo nos afecta esto? ¿Tendrá alguna repercusión en la demanda ante La Haya?
Ese es un asunto que debió haber evaluado el gobierno antes de poner en vigencia este tratado, y es una cuestión que la Cancillería debe evaluar de manera muy seria.

Fuente: La República (3 de marzo de 2009)

Artículos:

2009-03-08T16:55:00.000-07:00

El Tratado de Libre Comercio con Chile

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

El gobierno ha puesto en vigencia el TLC con Chile a través del D.S. Nº 10 -2009 - MINCETUR, cuyo artículo resolutivo número 1 dice : “Póngase en vigencia y ejecución a partir del 1 de marzo de 2009 el Acuerdo de Libre Comercio Perú – Chile, cuyo texto íntegro será publicado en el Portal Electrónico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo “

La discusión sobre si se trata o no de un acuerdo de libre comercio queda absolutamente superada con el texto del citado dispositivo legal. No hay ninguna duda que es un tratado de libre comercio, como lo reconoce el propio gobierno en el D.S. 10-2009, como está consignado en la denominación oficial del tratado y como se deriva de la naturaleza y alcance de sus disposiciones, que establecen un área de libre comercio entre el Perú y Chile.

La negociación, suscripción y puesta en vigencia de tratados de libre comercio es conveniente para el país siempre que se cumplan tres condiciones: 1) Que el procedimiento utilizado para su aprobación y ratificación no viole los artículos 56 y 57 de la Constitución. 2) Que no contengan cláusulas que establezcan obligaciones anticonstitucionales. 3) Que las obligaciones contraídas en sus cláusulas sean equitativas, resguarden los intereses del Estado y la sociedad y no sean discriminatorias contra las empresas peruanas.

Estos son los requisititos mínimos. Por cierto, una buena negociación debe ir más allá y maximizar los beneficios dentro del riguroso cumplimiento del principio de legalidad.

Lamentablemente, el TLC con Chile no cumple con estos tres requisitos mínimos de legalidad y resguardo de los intereses del Estado y las empresas peruanas. Se ha puesto en vigencia bajo un procedimiento inconstitucional, contiene en lo sustantivo cláusulas que son inconstitucionales, no resguarda los requerimientos de la defensa nacional y es discriminatorio contra las inversiones peruanas en Chile.

¿Por qué el procedimiento de aprobación es inconstitucional?

El gobierno ha señalado que no remitió el tratado al Congreso para su debate y aprobación porque se trataría de un “tratado derivado” o “un “tratado ejecutivo”, conforme Art. 57 de la Constitución. Pero el artículo 57 no hace referencia alguna a tratados ejecutivos o derivados y menos dispone que estos estén exentos del requisito de aprobación parlamentaria. El texto constitucional señala que: “ El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.”

No son pues hipotéticos tratados “ejecutivos” o derivados” los que el Art. 57 autoriza para que el Presidente de la República ratifique sin la aprobación del Congreso, sino única y exclusivamente aquellos cuyas normas no se refieren a las materias que se establecen taxativamente en el Art. 56, es decir: derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, normas que crean, modifican o suprimen tributos y normas que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Contrario sensu, conforme al Art. 56, todos los tratados que tienen normas sobre estas materias deben someterse a la discusión y aprobación del Congreso, sin excepción. Es el caso del TLC con Chile.

Las cláusulas del TLC que se refieren a las materias establecidas en el Art. 56 de la Constitución, entre otras, son.

a. Soberanía, dominio e integridad del Estado, el Art. 2.2 del TLC establece una definición del territorio nacional. Las competencias de soberanía y jurisdicción del Estado se ejercen en el ámbito del territorio de la República. Además – y esta es una violación sustantiva de la Constitución- esa definición es distinta a la del texto constitucional, sustituye el concepto de “dominio marítimo” por el de “espacios marítimos”.

b. La jurisdicción de la administración de justicia y de la aplicación de las leyes nacionales, es una expresión de las competencias territoriales de la soberanía del Estado. El Capítulo 16 del TLC, relativo a la solución de controversias Estado- Estado, elimina la competencia jurisdiccional de los jueces peruanos y la sustituye por el arbitraje. El Art. 11. 22 sustrae de la jurisdicción nacional la legitimad de acción de las empresas ante los jueces peruanos, pues remite directamente al arbitraje, crea una excepción a la competencia territorial de la soberanía del Estado y a la aplicación de la ley nacional

c. Defensa Nacional, el Artículo 17.2 se refiere a aspectos de la seguridad nacional, aunque el capítulo se denomina curiosamente “seguridad esencial”. Es impresionante que sus normas sean muy generales, contrastando con el carácter específico y concreto de las excepciones por seguridad nacional , con esa denominación, que contiene los tratados de libre comercio suscritos por Chile con México y Centroamérica. ¿ Por qué no se siguió el mismo camino en el caso del Perú?

d. Obligaciones financieras del Estado, los capítulos 11 y 16 establecen obligaciones financieras para el Estado peruano en los casos de compensación en los procesos arbitrales y de pago del costo de los tribunales arbitrales

e. Normas que crean, modifican o suprimen tributos, el Art. 3 .2 establece la obligación de suprimir o disminuir gravámenes, el Art. 17.3 contiene normas sobre tributación.

f. Normas que exigen modificación o derogación de alguna ley y que requieren medidas legislativas para su ejecución, el Art. 19.4 establece la obligación de modificar y aprobar todas las leyes que sean necesarias para ejecutar el tratado.

No cabe duda jurídica de que el tratado de libre comercio entre el Perú y Chile requiere la aprobación del Congreso, conforme lo establecido en el Art. 56 de la Constitución. No hay duda tampoco de la infracción constitucional que tipifica el hecho de haberlo puesto en vigencia sin este requisito.

El tratado, además, contiene normas que infringen la Constitución desde el punto de vista sustantivo. El Art. 70 de la Constitución establece como causales de expropiación “la seguridad nacional” o la “necesidad pública”. El Art. 11.10 del TLC sólo reconoce la causal de “utilidad o propósito público”, elimina la causal de “seguridad nacional”. Esta cláusula, que modifica la Constitución, es tanto más grave si se considera que los tratados prevalecen sobre el texto constitucional. De subsistir la norma, el Estado peruano estará facultado para expropiar por “seguridad nacional” toda empresa o inversión proveniente de cualquier país del mundo (mandato constitucional), menos en los casos de inversiones chilenas( mandato del TLC).

Finalmente, si es que hay un finalmente en este caso, las normas del TLC son discriminatorias y desiguales para los inversionistas peruanos en Chile, por las excepciones a favor de la capacidad regulatoria del Estado chileno, establecidas en el anexo 11-F y que el Estado peruano no está facultado a ejercer.

El anexo 11-F establece, literalmente: “Para mayor certeza, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el derecho de rechazar las solicitudes [peruanas] de inversión a través del Decreto Ley 600 y de la Ley 18.657. Adicionalmente, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el derecho de regular los términos y condiciones a los cuales quedará sujeta la inversión extranjera que se realice conforme al Decreto Ley 600 y a la Ley 18.657…Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Acuerdo, Chile podrá prohibir a un inversionista del Perú o a una inversión cubierta, transferir desde Chile el producto de la venta de todo o parte, o de la liquidación total o parcial de la inversión efectuada de acuerdo con un contrato de inversión de conformidad con el Decreto Ley 600, por un período de hasta 1 año contado desde el momento de la transferencia y de 5 años para el caso de la Ley 18.657 contados de igual forma.”

Con un procedimiento de entrada en vigencia anticonstitucional y con normas no equitativas e inconstitucionales, el Tratado de Libre Comercio con Chile en lugar de otorgar a la relación bilateral la indispensable y necesaria estabilidad que requiere, contribuirá en el tiempo sólo a adicionar un nuevo contencioso a una relación compleja y difícil.

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2009-03-08T16:43:00.000-07:00

El TLC con Chile debe ser aprobado por el Congreso

La Constitución del Perú, en sus artículos 55, 56 y 57, dispone que requieren aprobación obligatoria del Congreso todos los tratados cuya materia verse sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras, creación, modificación o supresión de tributos, así como los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. La relación establecida por la Constitución es taxativa e imperativa. No hay excepciones.

El TLC con Chile contiene cláusulas sobre la soberanía y el dominio del Estado, que modifican y suprimen tributos, y que exigen derogatoria de leyes y desarrollos legislativos. No hay duda que conforme al Art. 56 de la Constitución debe ser aprobado por el Congreso, bajo responsabilidad de infracción constitucional.

Es particularmente importante el Art.2.2 que establece una definición de los territorios del Perú y Chile: “...con respecto al Perú, el territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo su soberanía o derechos de soberanía y jurisdicción, de acuerdo con el derecho internacional y el derecho nacional”.

Esta definición no es la misma que la establecida en el Artículo 54° de la Constitución de la República: “El territorio del Estado… comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley”.

¿Por qué la definición del territorio nacional en el TLC con Chile no hace referencia al dominio marítimo ni a su extensión de 200 millas? ¿Por qué se ha aceptado en un texto binacional -felizmente aún sin vigencia- que Chile defina su territorio como “…el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción, de acuerdo con el derecho internacional y su legislación interna” ( la legislación interna chilena, por ejemplo, establece el hito número uno como punto de inicio de la frontera marítima).

Más allá del debate nacional sobre la inclusión de esta cláusula y sus alcances, el hecho jurídico indubitable es que su sola existencia y la de otras disposiciones que se hallan incursas en las condiciones resolutorias del Art. 56 de la Constitución, obligan imperativamente a someter el tratado a la consideración y aprobación del Congreso de la República.

Los argumentos del gobierno para evadir -extrañamente- esta obligación constitucional son falaces y sin sustento jurídico. Los analizaré en un próximo artículo.

Fuente: La Primera (23 de febrero de 2009)

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2009-02-16T19:30:00.000-08:00

La contumacia en el error

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Un nuevo incidente enturbia aún más las deterioradas relaciones del Perú con Bolivia. Una comisión del Congreso peruano que investiga las casas ALBA se trasladó al vecino país para proseguir su investigación en territorio boliviano. Ignorando lo más elemental. Que, conforme al derecho internacional, las competencias jurisdiccionales del Estado, entre ellas la de investigar en vía jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, se ejercen exclusivamente en el territorio nacional. Extender la competencia territorial de la jurisdicción del Parlamento peruano al territorio boliviano es una violación del principio de no intervención, imposible de disimular.

Esto es grave. Pone al Congreso en una informalidad y carencia de referentes jurídicos elementales que debe avergonzar a la Nación. Pero lo que es ya inconcebible es que el canciller de la República haya señalado que ese acto no tipifica una intervención y que no es contrario al derecho internacional. Esta apreciación pone al Perú en una marginalidad extrema en la diplomacia regional. Como dicen en el cono sur, en una ajuricidad sin precedentes.

El gobierno del presidente García recibió las relaciones entre el Perú y Bolivia en el nivel más alto de las últimas décadas. Como canciller me tocó ser actor directo de este proceso que tuvo su punto culminante el 4 de agosto del 2004, cuando los presidentes Toledo y Mesa suscribieron el Acta de Intención para la exportación del gas boliviano a través del puerto peruano de Ilo, con destino a los mercados de México y Estados Unidos.

Esa decisión histórica fue el producto de una diplomacia paciente, con objetivos definidos y transparente en el diálogo y los entendimientos entre La Paz y Lima. En el camino quedaron las negociaciones secretas chileno - bolivianas para que el gas salga por Chile a cambio de una modalidad no soberana de acceso al mar para Bolivia. El diario “La Tercera” habló en ese momento de la brillante y profesional diplomacia peruana.

La visión estratégica de este entendimiento iba más allá del proyecto gasífero. Se trataba de un entendimiento histórico de integración y cooperación con bases sólidas, que suponíamos permanentes. Se formalizó con la firma del “Acuerdo General de Integración y Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado Único” y la puesta en marcha de la estrategia de desarrollo de la zona de integración fronteriza en beneficio de los pueblos. A Partir del 2006, todo este patrimonio se ha dilapidado.

Hoy, la pujanza e inteligencia de las relaciones chileno-bolivianas, que transitan por una agenda orgánica sin exclusiones, alimentada por la voluntad declarada de generar confianza, contrasta con la demolición de las relaciones peruano-bolivianas y con una inexplicable y despistada vocación ideológica de crear día a día mayor desconfianza.

Fuente: La Primera (16 de febrero de 2009)

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2009-02-09T20:08:00.000-08:00

EEUU: Hacia el fin del unilateralismo

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Existe un amplio consenso en la percepción de que el mundo de la “post modernidad” es más inestable e imprevisible que el orden de la guerra fría. Coinciden en ello desde Kissinger hasta Joseph Nye o Francis Fukuyama. En el mundo de la guerra fría había un orden. Ahora no lo hay. Bush fracasó en su intento unilateral de gobernar el mundo con un solo país y un solo enfoque: el militar. Pero hay que diferenciar el unilateralismo como política de la realidad unilateral del poder mundial

La manera como Estados Unidos ha arrastrado al mundo en la crisis financiera-económica mundial, causada por un exceso de neoliberalismo que los propios Estados Unidos expandieron “Urbi et orbi”, indica el peso predominante de la economía estadounidense en la economía mundial. Y la rapidez con que las decisiones del Departamento del Tesoro expanden en el mundo las “curas” neokeynesianas para las enfermedades financieras universales, parece confirmar la prevalencia de Washington en este mundo de crisis, transición y cambio.

El mundo actual es básicamente unipolar -más aún si se incluyen las variables culturales, político- diplomáticas y estratégico-militares-, pero como lo demostró Bush es un unilateralismo sin capacidad de imponer por sí mismo una “pax americana”. La única superpotencia de la post guerra fría no puede ni está en capacidad de establecer el gobierno de un solo poder. Por ello, la administración demócrata, con realismo y sensatez, propicia el fin del unilateralismo como método y práctica internacional basado en el uso de la fuerza y el desprecio de la diplomacia.La gobernanza mundial no puede gestionarse ni con el miedo ni con la intervención militar, sino con la búsqueda de consensos y compromisos a través de la diplomacia.

A ese camino apuesta la nueva administración en Washington. No será fácil, pues negociar implica conceder y lograr equilibrios de difícil construcción. Joseph Biden ha anunciado el cambio en la Conferencia de Seguridad que tiene lugar en Munich. Discretamente lo ha calificado como un cambio de tono: “Vengo a Europa representando una nueva administración determinada a marcar un nuevo tono en las relaciones de Washington con el mundo. Queremos escuchar, pedir consejo. Mantendremos un decente respeto por la opinión ajena. América necesita al mundo, así como el mundo necesita a América”.

Biden anunció los primeros efectos prácticos de un nuevo diapasón diplomático: Además de cerrar Guantánamo, diálogo sin condiciones con Irán, nueva relación de la OTAN con Rusia y consulta con Moscú sobre el escudo antimisiles, solución de “dos estados independientes” en el Oriente Medio. Afganistán será el único escenario de intervención militar. Y muy incierto. “Newsweek” lo ve como el posible “Vietnam de Obama”.

Fuente: La Primera (9 de febrero de 2009)

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2009-02-02T18:32:00.000-08:00

LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DIPLOMÁTICO

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Otto von Bismarck solía decir que “la diplomacia sin las armas es como la música sin instrumentos”. En el otro extremo Lionel Groulx, con realismo decía, que “la diplomacia es el arma de los débiles”. En las dos citas hay algo de razón. Pero lo que es indiscutible es que para el Perú su primera línea de defensa es la diplomacia. Y que el arma principal de ésta es su institucionalidad. Ese es el buen prestigio de Torre Tagle en el extranjero. Por ello toda decisión que melle esa institucionalidad debe ser una preocupación nacional.

El gobierno ha aprobado la Ley 29318 que afecta gravemente la institucionalidad del Servicio Diplomático e introduce mecanismos no tan sutiles de presión y represión política contra los funcionarios y funcionarias que ejercen sus derechos ciudadanos amparados por la Constitución y la ley. Ello afecta la propia institucionalidad democrática. Hay además prebendas con nombre propio.

Lo esencial en la diplomacia es el servicio exterior. Es en la defensa y representación de los intereses nacionales en el extranjero donde, en esencia, se ejerce la profesión. Por ello, desde el siglo XIX las leyes han asegurado al profesional de la diplomacia un mínimo de permanencia en el exterior (cinco, seis o siete años) y un máximo de permanencia en el Perú (dos, tres o cuatro años), por mandato imperativo de la ley, al margen de la voluntad discrecional de los gobernantes. Sabia disposición para preservar la institucionalidad y descartar el clientelismo, el favor o la represión política y la corrupción.

La nueva ley elimina este régimen institucional. Invierte las reglas. Se fija sólo un plazo máximo en el exterior y un plazo mínimo en Lima. Con lo cual se afecta totalmente la estabilidad. Un funcionario en el futuro si no le gusta al gobierno podrá ser trasladado a Lima al mes o a la semana de haber sido nombrado al exterior. Y en Lima podría pasarse 30 años sin ser nombrado al exterior. Se rompe la institucionalidad y se impone un sistema de sujeción política.

Se modifica, también, la situación de disponibilidad para reprimir a quienes nos encontramos en el ejercicio de ese derecho. Y se llega a un extremo vergonzoso. En disponibilidad el funcionario deja de tener vínculo laboral con la Cancillería, por eso no puede acumular años de servicios. Y eso lo reconoce la ley en el Art. 14. La misma ley, sin embargo, dispone que esos años sin vínculo laboral se reconocen para efectos del pase al retiro del funcionario, por la causal de haber servido 20 años en la categoría de embajador. Una violación constitucional “de populo bárbaro”.

Por cierto, la ley tiene sus favorecidos. Se exceptúa del pase a retiro por haber servido más de veinte años en la categoría de embajador a ciertos funcionarios, entre ellos al canciller José Antonio García Belaunde.

Fuente: La Primera (2 de febrero de 2009)

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2009-01-26T05:28:00.000-08:00

LAS RELACIONES DE AMÉRICA LATINA CON ESTADOS UNIDOS
Por: Manuel Rodríguez Cuadros

A partir de la segunda década del siglo XIX, agotada la posibilidad de la integración latinoamericana en una “Nación de Repúblicas”, el destino internacional de América Latina se vinculó estructuralmente al papel regional y mundial de Estados Unidos. Ha sido y es una relación compleja que no puede ser explicada solamente por los vínculos formales de gobierno a gobierno, pues desde esa época en ella se han comprometido los intereses de los pueblos y de una amplia diversidad de actores económicos, sociales y políticos.

Por eso ha sido y es una relación internacional societal que va mucho más allá de las interacciones oficiales. Ha sido y es una relación difícil, compleja, plena de contradicciones. Una relación en la que las dinámicas de la cooperación y conflicto han sido expresiones de una misma realidad, muy influenciadas por condicionamientos ideológicos.

Desde finales del siglo XIX hasta 1945 las relaciones se tensaron en la dicotomía aparentemente excluyente “latinoamericanismo-panamericanismo”. Y, a partir de la segunda guerra mundial, en la confrontación, propia de la guerra fría, “capitalismo-socialismo” con las contradicciones derivadas de “nacionalismo-imperialismo” y “reforma o revolución-statu quo”. El carácter conflictivo de estas dicotomías opuso o vinculó, según el caso, a gobiernos y fuerzas políticas internas. En la fase de distensión de la guerra fría surgieron políticas exteriores menos maniqueas, administraciones más pragmáticas y autónomas. Se abrieron espacios racionales y razonables de mutua conveniencia.

Con el fin de la guerra fría la desaparición de la contradicción “socialismo-capitalismo” y la difusión de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la cohesión social como valores compartidos por vastos sectores de las sociedad en Estados Unidos y América Latina, propició -quizás por primera vez en la historia- la posibilidad de construir relaciones positivas y constructivas sin la prevalencia de conflictos ideológicos antagónicos.

La diplomacia de Bill Clinton reflejó en gran medida esta evolución. Pero el neoconservadurismo de Bush pasó las relaciones interamericanas por el “túnel del tiempo”, retrotrayéndolas a niveles de conflictividad y diferenciación de intereses propios de la guerra fría. Con Barack Obama resurgen los espacios de una nueva relación histórica, basada en la democracia, los derechos humanos, la equidad social, la lucha contra la desigualdad y el respeto de las identidades nacionales de parte y parte. Los Estados Unidos son un actor interno de la política latinoamericana, como en Europa, Asia o África. Son además un mercado indispensable y un referente de la diplomacia regional. Una saludable y conveniente asociación con autonomía es el desafío del nuevo siglo.

Fuente: La Primera (26 de enero de 2009)

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2009-01-19T17:09:00.000-08:00

Una norma que conculca los derechos del Quinto Suyo
Vallejo en 1926 se quejaba a Pablo Abril de Vivero, primer secretario de la embajada en París, sobre la insensibilidad del gobierno de Leguía para con los peruanos en el exterior. Lamentaba que el gobierno sólo escuchase a los “cholos peñalozas” y que sea insensible y déspota con los cholos migrantes sin gran apellido. Vallejo se decía “realista” al no esperar gran cosa de una administración consular que asumía una actitud prefectural y autoritaria, ajena a los derechos de los pocos peruanos que vivían en Francia.

Ha pasado casi un siglo y la migración llega hoy al 10% de la población. Y esos peruanos y peruanas que como Vallejo migraron por la asfixia vital o laboral de su propia patria, contribuyen al desarrollo nacional, al crecimiento económico y a la débil cohesión social del país con cerca de 3,000 millones de dólares anuales, a través de las remesas. Éstas constituyen el más grande, autónomo y eficaz plan de lucha contra la pobreza. Son 9,000 millones de soles al año que se inyectan directamente, sin intermediarios, a la alimentación, el vestido, la educación y la salud de millones de peruanos. ¿Y cómo retribuye el gobierno del presidente García a este generoso y solidario compromiso del “Quinto Suyo”? Lo hace desmantelando la política de reforma consular y promoción de los derechos de los peruanos y peruanas en el exterior. Conculcando sus derechos.

En mi gestión como viceministro y ministro de Relaciones Exteriores esa reforma se inició con la finalidad de sustituir el paradigma del “cónsul-prefecto”, rezago del Perú oligárquico, por la del “cónsul-servidor público”, inherente al estado democrático. Elemento esencial de esa estrategia fue abrir la gestión consular al aporte de los propios usuarios del sistema a través de los Consejos de Consulta, instancia asociativa de participación y sana supervisión de la administración. En siete años, los consejos han empoderado ciudadanía y han permitido mejorar la prestación de los servicios y las actividades de protección de los consulados, aplicando los principios de no discriminación, celeridad, inmediatez y legalidad.

La Cancillería ha aprobado una ilegal resolución ministerial destinada a liquidar los Consejos de Consulta, al supeditar el acto electoral de su constitución al voto mínimo del 5% de los peruanos acreditados en cada sede. El objetivo es poner una valla de participación imposible de cumplir para eliminarlos. Además, se han cambiado sus funciones y ahora se les concibe como entes que deben aplicar las decisiones del cónsul, como si fuesen empleados, sin sueldo por cierto, y sujetos a sanciones.

Las comunidades peruanas en el exterior se están movilizando contra esta decisión que vulnera su derecho a la participación. Deben hacerlo hasta obtener su derogatoria.

Fuente: La Primera (19 de enero de 2008)

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2009-01-12T18:12:00.000-08:00

La más violenta estación del vía crucis palestino

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Richard Falk, judío y estadounidense, relator especial de la ONU, lo ha dicho con enorme fuerza moral y dignidad intelectual: los ataques masivos, aéreos y terrestres, de Israel sobre la Franja de Gaza constituyen graves y masivas violaciones a las reglas de la guerra, la Carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales humanitarias de las Convenciones de Ginebra. También de las normas específicas que prohíben el castigo colectivo contra el millón y medio de palestinos que viven en Gaza, que no militan en Hamas ni tienen cómo defenderse. Y han producido, sostiene Falk, crímenes contra la humanidad. Ha pedido un Tribunal Internacional que juzgue a los responsables, similar al de Rwanda.

No existe justificación alguna para la guerra unilateral e ilegal que ha desatado Israel. Hamas es un movimiento extremista. Como lo es también el extremismo de derecha israelí que ha decidido esta guerra despiadada. Ambos fueron elegidos democráticamente por sus pueblos. Ninguno tiene legitimidad para exterminar al otro. No lo justifican tampoco los ilícitos disparos de cohetes artesanales por parte de Hamas a territorio israelí.

La reacción internacional ha rayado casi con la complicidad. La Resolución 1080 aprobada finalmente por el Consejo de Seguridad, con la abstención de Estados Unidos, es positiva, pero tardía y sólo se limita a “llamar” al cese del fuego, no lo exige ni lo determina, pudiendo haberlo hecho conforme a sus facultades. Israel ha desairado al Consejo y actúa en rebeldía.

Como ha señalado Mario Vargas Llosa en ‘El País’, “los cadáveres y ríos de sangre de estos días sólo servirán para sembrar más resentimiento”. Esta frase barrunta la insensatez extrema del ataque: lo más probable es que Hamas se fortalezca y la Autoridad Nacional Palestina se debilite aún más; Hamas no desaparecerá ni su capacidad de fabricar y lanzar cohetes artesanales se detendrá; se ha roto el rompecabezas del precario equilibrio en la zona y se fortalecerán los sectores más radicales; se han dinamitado los esfuerzos turcos para acercar a Israel y Siria, que eran promisorios. El jefe del gobierno turco, lacónicamente lo ha sentenciado: “Olmert me ha traicionado y ha dañado el honor de Turquía”. Las consecuencias en el Líbano ya se sienten y los gobiernos árabes más moderados, abiertos a Israel, se ven cada día más enfrentados a sus pueblos que abrazan compungidos e impotentes la causa de Palestina.

El poeta israelí Jonathan Geffen ha publicado en la prensa conservadora de Tel Aviv un artículo en el que expresa el sentimiento israelí contrario a la acción del gobierno de Olmert: “Una vez más, nosotros hacemos la única cosa que parece sabemos hacer: una masacre en masa que termina siempre percibida como una suerte de genocidio (perdónenme la expresión)…”.

Fuente: La PRIMERA (12 de enero de 2009)

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2009-01-06T21:42:00.000-08:00

No hay secreto en el procedimiento ante la Corte

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

El canciller ha señalado que el proceso sobre delimitación marítima ante la Corte Internacional de Justicia es secreto. Y que esa calidad tendría la memoria que el Perú deberá presentar a más tardar el 20 de marzo del 2009. Esto no es verdad. El proceso ante la Corte, conforme a su estatuto, reglamento e instrucciones procesales es en principio público (Art. 46 del Estatuto) . Esta naturaleza es inherente a los intereses de Estado que se ventilan y al principio de igualdad procesal entre las partes.

El procedimiento se inicia con el registro de la demanda y la fijación de fechas para que las partes presenten por escrito sus argumentos y pruebas. Las piezas de la demanda y la inicial ordenanza procesal son publicadas por la Corte y entregadas a la prensa.

Fijados los primeros plazos se inicia la fase escrita del proceso. Comprende la presentación de la memoria de la parte demandante y la contra memoria de la defensa, así como de una réplica y una dúplica. La Corte está facultada para pedir a las partes la exhibición de pruebas adicionales o de explicaciones sobre las ya presentadas. Posteriormente, las partes presentan sus conclusiones, las mismas que deben ser el enunciado preciso y concreto de lo que se pide a los jueces que decidan. Las conclusiones son esenciales. Definen el alcance de la demanda y el marco dentro del cual se solicita el pronunciamiento de la Corte.

Como bien ha señalado Philippe Couvreur, ‘Greffier’ de la Corte, “para asegurar la serenidad del debate el procedimiento escrito tiene un carácter confidencial”, obviamente no secreto. El secretismo violaría las normas más elementales del proceso judicial. Lo confidencial es aquello que durante un lapso no se hace público, no por el contenido de los recursos sino por un sano criterio de conveniencia.

Con ese carácter de confidencialidad, la Corte distribuye las piezas en cerca de 123 ejemplares que se hacen llegar a todos los estados miembros, especialmente a aquellos que deseen intervenir en el proceso.

Terminado el procedimiento escrito, confidencial, se pasa al procedimiento oral que es enteramente público. Al iniciarse esta fase, la Corte distribuye a la prensa todos los documentos escritos presentados por las partes. Se envían también ejemplares a todas las bibliotecas y centros de documentación de Naciones Unidas y al centro de información de La Haya. La sentencia es evidentemente pública.

Al interior de los estados litigantes, cada gobierno define el ámbito de la confidencialidad de sus recursos escritos. Lo normal en una sociedad democráticas, es que esas piezas -confidencialmente- sean conocidas, de preferencia antes de presentarlas, por el presidente de la Corte Suprema, los líderes de las principales fuerzas políticas y los entes pertinentes del Congreso.

Fuente: La Primera (05/01/09)

2008-12-30T15:02:00.000-08:00

LEER BIEN O MAL LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Una equivocada percepción del fenómeno global puede llevar a decisiones políticas internas y externas con altos costos. En política internacional es indispensable la buena lectura de las tendencias y características del sistema internacional. De otra forma se pueden tomar decisiones sobre hipótesis irreales. Y, dependiendo de las áreas de decisión, las consecuencias pueden ser irreparables. Toda administración de política exterior, en principio, debiera tener una aproximación de sintonía fina de la relación existente entre el medio internacional en el cual actúa (en nuestra época el sistema internacional global) y sus opciones de política exterior (el ejercicio de la soberanía nacional).

Existen dos falsas percepciones que la razón aconseja evitar. La primera es aquella que considera que los intereses nacionales se diluyen con la globalización o incluso desaparecen. “Ya no existen intereses nacionales, sino intereses globales”. La segunda es la contraria, “la única realidad del sistema internacional es la soberanía de los estados y, si se tiene la voluntad política, la soberanía lo resuelve todo”. Ambas apreciaciones son falsas. Son más expresiones ideológicas que diagnósticos de la realidad.

La falacia de la irreductibilidad del Estado soberano supone que la soberanía es una trinchera desde la cual todo se puede intentar. La falacia de la globalización sin soberanía corresponde a una visión candorosa de la política internacional que supone que los estados están por desaparecer o que, en la modernidad, se guían sólo por intereses universales o globales. La prueba empírica demuestra lo contrario. La globalización se da en una sociedad internacional que sigue estando, principalmente, formada por estados soberanos. Incluso cada vez se crean más estados.

La realidad es distinta. Ni la globalización diluye directamente la soberanía, ni la interacción de soberanías es toda la realidad del poder internacional.

La política exterior del presidente García en sus dos gobiernos ha incurrido, hecho curioso, alternativamente en ambas falacias. Con altos costos para los intereses nacionales. En el primer gobierno, cuando empezaba la mundialización y los no alineados dejaban de tener vigencia, en lugar de negociar el ajuste estructural se “descubrió” el no alineamiento quince años tarde y se recurrió a la política del “perro muerto” sobre la deuda externa. Las consecuencias fueron desastrosas. Ahora, cuando ya caducó la visión global neoconservadora, se asume el globalismo transfronterizo y se diluyen las variables nacionales. ¿El resultado? Extravío del referente nacional, aislacionismo y marginalidad peligrosa del Perú en el escenario latinoamericano.

Fuente: La Primera (29/12/08)

2008-12-30T11:02:00.000-08:00

EL FIN DE LA HEGEMONÍA DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

En los últimos treinta años el pensamiento neoconservador ha influido decisivamente en la política interna y externa de Estados Unidos. Y por difusión en el mundo entero. En América Latina no ha tenido seguidores teóricos importantes, pero su influencia práctica ha sido casi hegemónica. Los gobiernos de Fujimori y Alan García son expresiones criollas del neoconservadurismo, aunque es posible que ellos mismos no lo sepan.

Como señala Francis Fukuyama, el pensamiento neoconservador se origina en la conversión de izquierdistas anticomunistas en derechistas mesiánicos. Su origen se ubica en los intelectuales de ascendencia obrera e inmigrante del “City College de New York” de los años 30 e inicios de los cuarenta: Irving Kristol, Daniel Bell, Irving Howe, Philip Selznick, Nathan Glazer, Patick Moynihan y Norman Podhoretz.

Con Ronald Reagan el neoconservadurismo llega al poder y se difumina por el mundo como políticas prácticas del pensamiento único. En la década de los noventa William Kristol y Robert Kagan desde “The Weekly Standar” impulsan las ideas neoconservadoras a sus parámetros actuales: Elevación del mercado a una categoría ideológico-política, sustitución de la idea del bien común por un individualismo egoísta, oposición a toda ingeniería social y unilateralismo en la política exterior.

Con el gobierno del presidente Bush las ideas neoconservadoras se ejecutan con mayor profundidad. En la economía se afirma in extremis, como bien dice Barack Obama el “…absolutismo del mercado libre, una ideología de pocos impuestos, poca regulación y ninguna red de seguridad, una ideología que, de hecho, propugna la ausencia de gobierno más allá de lo necesario para proteger la propiedad privada y financiar la defensa nacional”.

En la política interna, se divide el país en “buenos” y “malos”, se introduce el miedo como instrumento del poder, se debilita la tradición norteamericana de respeto a las libertades y los derechos humanos. En política exterior el pensamiento neoconservador actúo bajo los supuestos teóricos de que el mundo está dividido ideológicamente entre el “bien” y el “mal” y que la diplomacia se ejerce a través del poder unilateral, al margen del derecho y los organismos internacionales.

Los resultados son conocidos. Estados Unidos está sumido en una grave crisis social y económica. Y su poder internacional ha perdido eficacia y legitimidad. Esa es la herencia neoconservadora.

Barack Obama durante la campaña no se limitó a presentar un programa. Opuso al pensamiento neoconservador un pensamiento alternativo. El subproducto más importante de las elecciones norteamericanas quizás sea ese, revalorizar el debate político de las ideas.

Fuente: La Primera (22 de diciembre de 2008)

2008-12-08T12:43:00.000-08:00

PRESERVAR EL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Los estados sudamericanos se aprestan a celebrar el bicentenario de su independencia. Algunos lo harán a partir del 2010. El Perú el 2021. Se avecinan jubileos libertarios. Renovados aires de identidad nacional de pueblos y estados herederos de sus ejércitos libertadores.

Como parte de la celebración de su bicentenario, Chile ha decidido honrar a sus fuerzas armadas y construir una nueva sede para el cuartel general del Ejercito para “los próximos cien años”. El ganador del concurso para la adjudicación de esta obra ha sido el estudio de arquitectos Prat y Casals. Según el jurado, el proyecto ganador constituye “una obra con una marcada sobriedad arquitectónica, una propuesta con un claro carácter militar compatible con su uso institucional, que logra además una integración armónica con el actual edificio y el parque donde se emplazará el monumento conmemorativo de los 200 años de vida institucional del Ejército”. El general Óscar Izurieta Ferrer, comandante en jefe del Ejército de Chile ha señalado que “este edificio representa algo muy importante para el Ejército por los aspectos históricos y simbólicos del entorno.”

Ante la inminencia de los fastos de celebración de nuestra independencia nacional, el gobierno peruano ha decidido poner en venta “mediante subasta pública” una gran parte (194,760.18 metros cuadrados) del Cuartel General del Ejército del Perú. La sola cita de estos dos hechos es ya una ironía de la historia. Por el lado chileno, la coherencia de un Estado nacional que preserva la capacidad operativa de sus instituciones y las dignifica. Por el lado del gobierno peruano, una decisión mercantil de motivación sospechosas que ofende la dignidad institucional del Ejército y lo debilita, aún más, institucionalmente.

17 ex comandantes generales han solicitado, formalmente, al presidente de la República parar esta insensatez de nula sensibilidad nacional. Señalan los ex comandantes generales, con razón, que esta decisión “hiere la moral y daña el espíritu del Ejército”. Expresan también su “profunda preocupación” por este negocio que “resulta no aceptable”. Tienen razón. La Fuerza Armada debe servir al estado de derecho y la democracia. Pero debe estar, al mismo tiempo, preparada para cumplir su misión en la defensa nacional. Para ello requiere recursos y respeto a su dignidad institucional.

El gobierno no obstante su tendencia a las decisiones erráticas, en algunos casos ha dado muestra de una positiva capacidad de enmienda. El país, la nación, esperan que en este caso también haya una rectificación. Ningún gobierno debe extraviar el referente nacional, perder la perspectiva de la historia ni afectar el espíritu y la moral de sus instituciones tutelares.

Fuente: La Primera (8 de diciembre de 2008)

2008-12-04T11:02:00.000-08:00

PERÚ-CHILE, INCIDENTE DE BAJA DIPLOMACIA

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Una vez más los gobiernos del Perú y de Chile se han empeñado en desnudar la fragilidad de las relaciones bilaterales. Los errores diplomáticos de una y otra parte han magnificado un incidente real, cuyo procesamiento exigía un mínimo de “savoir faire”.

Las declaraciones privadas del general Donayre, ciertamente impertinentes e impropias de su investidura aun en tono de chanza, debieron ser objeto de una explicación y el otorgamiento de las satisfacciones del caso. El nivel correspondiente era del viceministro de Relaciones Exteriores al embajador de Chile en Lima. Y nada más. De esa manera, ortodoxa, se hubiese solucionado el incidente en uno y otro lado de la frontera.

Resultó inusitado, rompiendo las reglas básicas del trato diplomático, que por iniciativa peruana el asunto haya escalado al nivel de los jefes de Estado. La llamada telefónica del presidente García a Michelle Bachelet ya fue un error. Pedirle disculpas, un manifiesto exceso. Se debió dar explicaciones y satisfacciones. Pero no disculpas porque no era un acto de Estado. A este error se añadió otro ya mayúsculo: que el jefe de Estado ofrezca o comunique a la presidenta de Chile el pase a retiro del general Donayre. Es impropio que una medida de jurisdicción interna, como es el cese del comandante general del Ejército, sea comunicada a la jefa de Estado de un país extranjero, más aún si esa decisión no se había adoptado en el fuero interno.

Situar la pretendida solución del incidente en este plano, a todas luces heterodoxo, creó las condiciones para que el canciller Foxley se creyese en el derecho -lo que es inaudito- de supeditar la “normalización” de las relaciones al pase al retiro del general Donayre. Así las cosas, el canciller tuvo que enmendar el error inicial y señalar que las decisiones en el Perú no se supeditan a ningún país extranjero. Lo hizo también el presidente de la República.

El incidente no pasará a mayores cosas, pero la relación bilateral se vuelve a dañar a partir de errores de los responsables de la política exterior. Lo mismo pasó cuando se otorgó a Chile falsas expectativas de que el Perú no llevaría a La Haya el diferendo limítrofe. O cuando insólitamente se declaró que la sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, en el caso de la ley de límites de las provincias de Arica y Parinacota, había resuelto el problema de punto de inicio de la frontera marítima.

La demanda en La Haya no requiere este clima de tensión gratuita. Es necesario que se comprenda que la relación no debe situarse en la animadversión ni en el amor extremos. Requiere la sensatez de ubicarla en un punto intermedio. En una temperatura otoñal que haga bien a la salud y que prevenga nuevos colapsos por aumento o baja brusca de la temperatura.

Fuente: La Primera (1 de diciembre de 2008)

2008-12-04T10:50:00.000-08:00

APEC: El éxito, lo real y lo imaginario

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Las sedes de AL-CUE y APEC fueron negociadas y obtenidas, como parte de una estrategia de política exterior muy activa en el ámbito multilateral, por el gobierno de Alejandro Toledo y gracias a su participación directa y comprometida en las consultas y negociaciones.Con la diplomacia minimalista del actual gobierno y la ausencia del presidente García en casi todas las cumbres mundiales y regionales a las que está obligado a asistir en representación del Perú, jamás se habrían obtenido las sedes de AL-CUE y APEC.

Se han realizado en Lima gracias a una diplomacia de objetivos de mediano y largo plazo que durante el gobierno de Alejandro Toledo actuó con seriedad y acierto en todo el tablero del ajedrez internacional. Se obtuvieron las sedes sabiendo, además, que beneficiarían al próximo gobierno. Sin mezquindad. Y no podía ser de otra manera. La diplomacia debe responder a intereses de Estado. Hoy, el presidente García y el gobierno se enorgullecen y ufanan por los logros de la diplomacia ajena que negaron más de tres veces.APEC ha sido un éxito. Y creo que la población lo percibe claramente. ¿Cuál ha sido su resultado? Dos declaraciones. Una institucional, como siempre, declarativa y de intenciones políticas. Lo que está bien, pues de eso se trata.

Y otra, coyuntural pero más importante, sobre la crisis financiera mundial. Se han endosado los principios y criterios acordados por el Grupo de los 20 para la reforma del sistema monetario internacional y para enfrentar de manera coordinada la crisis a través de una mejor regulación sin reavivar el proteccionismo.El principal logro de la reunión ha sido, así, ampliar considerablemente el consenso del Grupo de los 20 para la reforma del sistema monetario y el enfrentamiento de la crisis. El Grupo de los 20 actuará en el futuro con mayor legitimidad y representatividad. En el post APEC a los países que no somos parte de los 20, como el Perú, nos toca abrir un diálogo con los emergentes para que representen también nuestros intereses.Algunos lectores se preguntarán ¿ Y los 100 mil millones de dólares de inversión en el Perú? ¿ Y el acuerdo para establecer una zona de libre comercio en APEC y los programas millonarios de cooperación para la lucha contra la pobreza y a favor de las PYMES? Nada de esto formó parte de la agenda de la APEC. No estaba ni está en sus competencias.

APEC no es agencia de inversión. Tampoco un acuerdo de integración. No tiene un programa de liberación del comercio. No posee políticas relevantes de cooperación. Y sus decisiones no son vinculantes. Es un foro de concertación y promoción de políticas. Y así está bien. Y en ese formato tiene gravitación mundial. Todo lo otro ha sido sólo ficticia y grandilocuente expresión del costumbrismo local, que felizmente no ha comprometido el éxito de la cumbre.

Fuente: La Primera (24 de noviembre de 2008)

2008-11-20T21:32:00.000-08:00

CAN-UE: Diferenciando el maíz del trigo

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

La Comunidad Andina enfrenta la crisis más seria de su historia. Y no sólo por la inviabilidad de negociar como región el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, sino por la manifiesta imposibilidad de llegar a la meta del mercado común. También porque algunos de sus países miembros parecen creer más en el comercio libre con la extrazona. Y otros dudan o consideran negativo el libre comercio con los grandes mercados mundiales. Pero no es la primera crisis. Ya las hubo. Y serias.

La crisis de hoy es más complicada, pues las discrepancias comerciales están asentadas en un fuego ideológico que inexplicablemente el Perú atiza. Cuando debería calmarlo. Pensando más en los intereses peruanos permanentes. En las fuerzas profundas de las relaciones limítrofes y los equilibrios sudamericanos de mediano y largo plazo. Para eso está la diplomacia, que entre el barullo debe ver la luz de objetivos e intereses no coyunturales.

La Unión Europea, Colombia y Perú han tomado la decisión en principio -pues debe ser ratificada por la Comisión Europea y lo será- de negociar bilateralmente el pilar comercial del Acuerdo de Asociación. Esa es una decisión correcta si persiste la imposibilidad de la interlocución conjunta.

Pero el procedimiento utilizado es una chapuza diplomática que tendrá repercusiones bilaterales con Ecuador y Bolivia. Lo cierto es -como lo recuerda el comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana- que todos los presidentes andinos se comprometieron en Guayaquil a agotar la posibilidad de la negociación como bloque. No se logró en las consultas. Ecuador solicitó una nueva reunión de cancilleres y la postergación de la cita del 11 de noviembre en Bruselas. Se debió acoger esa prórroga. Abrir un espacio definitivo de consultas. Y si persistía el bloqueo, allí sí con legitimidad consentida, abrir el expediente de la negociación bilateral. Sin heridas. Sin romper los platos en la mesa servida.

No había premura. Recordemos que lo que se negociará básicamente es sólo dar permanencia a lo que ya se tiene unilateralmente por el SGP Plus. Ahora habrán bilaterales, probablemente también con Ecuador aunque con otro formato. Sin embargo, negociar sólo el pilar comercial es un error. Debería negociarse bilateralmente el pilar comercial y regionalmente los pilares de cooperación y diálogo político.

Así no quedarían fuera los temas de los ciudadanos y ciudadanas: cooperación, desarrollo social, lucha contra la pobreza, inmigración, medio ambiente, democracia, y derechos humanos.Este esquema añadiría a las bilaterales un espacio de negociación de región a región. Y serviría de freno a una crisis mayor de la comunidad andina.

Fuente: La Primera (17 de noviembre de 2008)

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2008-11-20T21:23:00.000-08:00

CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN

Por: Manuel Rodríguez Cuadros

Según la voz seria y autorizada de la Defensoría del Pueblo, en el Perú hoy existen 189 conflictos sociales. 133 están activos y 56 latentes. Sólo en el mes de octubre se registraron 15 conflictos nuevos. Sobre los lamentables sucesos de Tacna, Beatriz Merino, con razón, ha señalado que la violencia suscitada en la región sureña fue advertida por la Defensoría, pero el gobierno hizo caso omiso.

Dos conclusiones. Primero: En el Perú de hoy no hay paz social. Y ello no es bueno ni para la democracia ni para el bienestar básico de cientos de miles de familias. Tampoco para las inversiones. Segundo: Casi todos los conflictos se pueden prever. Es factible evitarlos. ¿Por qué surgen? Principalmente, porque el gobierno tiende a legislar y decidir sin ponderar y tener en cuenta los intereses en juego. Porque trata de imponer su voluntad unilateralmente defendiendo los intereses de unos pocos, en detrimento de los intereses de la clase media, de los pobres, de las comunidades, de los pueblos, de las regiones. No se consultó a los maestros sobre una evaluación necesaria -aunque selectiva y aislada-, vino el enfrentamiento con los docentes. Se incumplió lo pactado con los médicos y se les agredió, vino la huelga médica. Se aprobó una ley de la selva (¿vinculada al caso Alegría–Canaán?) sin consultar a las comunidades originarias de la selva, vino la movilización que hizo retroceder al gobierno. Se modificó el canon sin establecer previamente un consenso con los gobiernos de Tacna y Moquegua, vino la protesta violenta en el sur.

El gobierno tiene que aprender a gobernar. No puede seguir imponiendo decisiones no concertadas con los sectores sociales afectados por esas decisiones. En casi la totalidad de los conflictos reseñados por la Defensoría los que reclaman son los de abajo. Lo que es también un indicador que el gobierno favorece excesivamente o excluyentemente a los sectores más pudientes. Es indispensable tomar en cuenta todos los intereses en juego, tratar de conciliarlos y lograr soluciones consensuadas. Ni la situación actual que abre más grietas en una sociedad terriblemente desigual. Ni que la “tortilla se vuelva”. Más bien, estrategias de negociación que creen valor y sean ganador-ganador.

No se puede negociar como hace el gobierno a partir de posiciones y sin el análisis previo de la mejor alternativa al acuerdo negociado. Ello va contra las reglas mínimas de la negociación eficaz. La negociación –y la escuela de Harvard de Fisher y Ury ha hecho en esto un aporte fundamental- debe aislar los intereses de las posiciones, y por esa vía articular consensos que siempre significarán concesiones mutuas. Si no se concerta y negocia como práctica de gobierno, la pradera seguirá ardiendo.

Fuente: La Primera (10 de noviembre de 2008)