Por: Manuel Rodríguez Cuadros
Los estados sudamericanos se aprestan a celebrar el bicentenario de su independencia. Algunos lo harán a partir del 2010. El Perú el 2021. Se avecinan jubileos libertarios. Renovados aires de identidad nacional de pueblos y estados herederos de sus ejércitos libertadores.
Como parte de la celebración de su bicentenario, Chile ha decidido honrar a sus fuerzas armadas y construir una nueva sede para el cuartel general del Ejercito para “los próximos cien años”. El ganador del concurso para la adjudicación de esta obra ha sido el estudio de arquitectos Prat y Casals. Según el jurado, el proyecto ganador constituye “una obra con una marcada sobriedad arquitectónica, una propuesta con un claro carácter militar compatible con su uso institucional, que logra además una integración armónica con el actual edificio y el parque donde se emplazará el monumento conmemorativo de los 200 años de vida institucional del Ejército”. El general Óscar Izurieta Ferrer, comandante en jefe del Ejército de Chile ha señalado que “este edificio representa algo muy importante para el Ejército por los aspectos históricos y simbólicos del entorno.”
Ante la inminencia de los fastos de celebración de nuestra independencia nacional, el gobierno peruano ha decidido poner en venta “mediante subasta pública” una gran parte (194,760.18 metros cuadrados) del Cuartel General del Ejército del Perú. La sola cita de estos dos hechos es ya una ironía de la historia. Por el lado chileno, la coherencia de un Estado nacional que preserva la capacidad operativa de sus instituciones y las dignifica. Por el lado del gobierno peruano, una decisión mercantil de motivación sospechosas que ofende la dignidad institucional del Ejército y lo debilita, aún más, institucionalmente.
17 ex comandantes generales han solicitado, formalmente, al presidente de la República parar esta insensatez de nula sensibilidad nacional. Señalan los ex comandantes generales, con razón, que esta decisión “hiere la moral y daña el espíritu del Ejército”. Expresan también su “profunda preocupación” por este negocio que “resulta no aceptable”. Tienen razón. La Fuerza Armada debe servir al estado de derecho y la democracia. Pero debe estar, al mismo tiempo, preparada para cumplir su misión en la defensa nacional. Para ello requiere recursos y respeto a su dignidad institucional.
El gobierno no obstante su tendencia a las decisiones erráticas, en algunos casos ha dado muestra de una positiva capacidad de enmienda. El país, la nación, esperan que en este caso también haya una rectificación. Ningún gobierno debe extraviar el referente nacional, perder la perspectiva de la historia ni afectar el espíritu y la moral de sus instituciones tutelares.
Fuente: La Primera (8 de diciembre de 2008)