La política peruana hace años que está encerrada en una falsa dicotomía. Buen manejo macroeconómico versus reforma social y del Estado, como si ambas opciones fuesen excluyentes. Esta dicotomía es falsa. Está muy alejada de lo que la gente vive, de sus problemas y aspiraciones.
El Perú de hoy se caracteriza por cuatro realidades que lo fragmentan y le dan una fragilidad socio-política que puede comprometer su destino:
1) El crecimiento acumulado de hace más de diez años ha aumentado el consumo, abierto nuevas oportunidades de trabajo, disminuido en algo la pobreza y recuperado aunque de manera aún insuficiente las clases medias, pero las desigualdades se acrecientan.
2) Al mismo tiempo el Estado que fue desmantelado no se ha reformado ni fortalecido para cumplir con eficiencia su papel de institución representativa de todos los sectores de la sociedad y de árbitro entre intereses diversos. Ese Estado, arrinconado, alicaído y fragmentado se ha puesto al servicio de quienes más tienen, cuando debería estar al servicio de todos, pero de manera prioritaria de los extremadamente pobres, los pobres y las clases medias.
3) La desigualdad y la exclusión están en el origen de los conflictos sociales, en el contexto de una estructura estatal y política que no tiene canales de inclusión de las propias clases medias, los pobres y vulnerables, pero especialmente de los pueblos indígenas, quechuas, aymaras y amazónicos. La descentralización empodera derechos e identidades regionales, pero los gobiernos regionales son parte del Estado débil y desestructurado, sin facultades para gestionar eficientemente sus recursos y los bienes públicos.
4) El ataque ideológico al Estado -como si pudiera existir sociedad nacional peruana sin estado peruano- ha debilitado la conciencia nacional y frivolizado la identidad nacional, fomentando una cultura individualista y egoísta que soslaya los valores de la solidaridad y el bien común. Se relajan los sentimientos de identidad colectiva familiar, social y nacional, favoreciendo la corrupción, el crimen y la pérdida de respeto a la institucionalidad del Estado.
El destino del Perú, para ser una sociedad y un Estado nacionales y democráticos con crecimiento sostenido, bienestar y con respeto a los derechos de todos, integrado y respetuoso de las identidades de la diversidad cultural y étnica, requiere como programa mucho más que una posición frente a las variables macroeconómicas, respecto de las cuales creo, además, que existe un amplísimo consenso.
Ninguna fuerza política gravitante, como en casi toda América Latina, cuestiona una política macroeconómica de disciplina y estabilidad. Por el contrario hay ya una cultura económica que sabe que las decisiones de gobierno, de cualquier gobierno, deben propender a mantener una tasa de crecimiento del PBI por encima del 4.5 %, controlar absolutamente los índices de inflación, cuidar que el déficit fiscal no salga de márgenes mínimos, incrementar las reservas y disminuir las tasas de Desempleo. Pero ello no es incompatible -más bien requisito - con el cambio y la cohesión social, con la revalorización de las capacidades del Estado; con el aumento de sus ingresos, a través del pacto fiscal, para invertir en defensa nacional, seguridad pública, salud, Educación y fortalecimiento de los núcleos familiares como factores esenciales de la cohesión social y nacional; para que quechuas, aymaras, amazónicos y peruanos en el exterior tengan circunscripciones especiales para estar representados en el sistema político. Y así emprender el desafío de la inclusión.
El Perú de hoy se caracteriza por cuatro realidades que lo fragmentan y le dan una fragilidad socio-política que puede comprometer su destino:
1) El crecimiento acumulado de hace más de diez años ha aumentado el consumo, abierto nuevas oportunidades de trabajo, disminuido en algo la pobreza y recuperado aunque de manera aún insuficiente las clases medias, pero las desigualdades se acrecientan.
2) Al mismo tiempo el Estado que fue desmantelado no se ha reformado ni fortalecido para cumplir con eficiencia su papel de institución representativa de todos los sectores de la sociedad y de árbitro entre intereses diversos. Ese Estado, arrinconado, alicaído y fragmentado se ha puesto al servicio de quienes más tienen, cuando debería estar al servicio de todos, pero de manera prioritaria de los extremadamente pobres, los pobres y las clases medias.
3) La desigualdad y la exclusión están en el origen de los conflictos sociales, en el contexto de una estructura estatal y política que no tiene canales de inclusión de las propias clases medias, los pobres y vulnerables, pero especialmente de los pueblos indígenas, quechuas, aymaras y amazónicos. La descentralización empodera derechos e identidades regionales, pero los gobiernos regionales son parte del Estado débil y desestructurado, sin facultades para gestionar eficientemente sus recursos y los bienes públicos.
4) El ataque ideológico al Estado -como si pudiera existir sociedad nacional peruana sin estado peruano- ha debilitado la conciencia nacional y frivolizado la identidad nacional, fomentando una cultura individualista y egoísta que soslaya los valores de la solidaridad y el bien común. Se relajan los sentimientos de identidad colectiva familiar, social y nacional, favoreciendo la corrupción, el crimen y la pérdida de respeto a la institucionalidad del Estado.
El destino del Perú, para ser una sociedad y un Estado nacionales y democráticos con crecimiento sostenido, bienestar y con respeto a los derechos de todos, integrado y respetuoso de las identidades de la diversidad cultural y étnica, requiere como programa mucho más que una posición frente a las variables macroeconómicas, respecto de las cuales creo, además, que existe un amplísimo consenso.
Ninguna fuerza política gravitante, como en casi toda América Latina, cuestiona una política macroeconómica de disciplina y estabilidad. Por el contrario hay ya una cultura económica que sabe que las decisiones de gobierno, de cualquier gobierno, deben propender a mantener una tasa de crecimiento del PBI por encima del 4.5 %, controlar absolutamente los índices de inflación, cuidar que el déficit fiscal no salga de márgenes mínimos, incrementar las reservas y disminuir las tasas de Desempleo. Pero ello no es incompatible -más bien requisito - con el cambio y la cohesión social, con la revalorización de las capacidades del Estado; con el aumento de sus ingresos, a través del pacto fiscal, para invertir en defensa nacional, seguridad pública, salud, Educación y fortalecimiento de los núcleos familiares como factores esenciales de la cohesión social y nacional; para que quechuas, aymaras, amazónicos y peruanos en el exterior tengan circunscripciones especiales para estar representados en el sistema político. Y así emprender el desafío de la inclusión.
